El lunes 2 de septiembre, el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria llevó a cabo la audiencia para evaluar la solicitud de cese de prisión preventiva presentada por Betssy Chávez, ex primera ministra de Pedro Castillo y acusada del supuesto golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022.
El Poder Judicial, a través de su cuenta de 'X', informó que luego de las intervenciones de la defensa de Chávez y las demás partes procesales, el juez supremo Juan Carlos Checkley anunciará su decisión en el plazo correspondiente y la notificará a través de las casillas electrónicas.
Durante la audiencia, la expresidenta del gabinete ministerial negó haber considerado solicitar asilo político en alguna embajada. "Desde el 20 de junio del año pasado, se dictó la prisión preventiva con pruebas falsas por parte de la Fiscalía (...), inventaron que me refugié en la embajada de México... nunca he estado en la embajada de México, no la conozco", afirmó Chávez.
Además, aseguró que entregó su celular, aunque no era el que utilizaba en diciembre de 2022 y que lo solicitaron tiempo después. "Pero basándose en esas dos razones, una embajada que nunca visité y un celular que no estaba relacionado con los hechos, es que me llevaron a prisión", expresó la exjefa de la PCM.
Durante una audiencia pública del pasado 11 de julio, el juez supremo Juan Carlos Checkley desestimó las solicitudes de excepción de improcedencia presentados por los abogados de la expresidenta del Consejo de Ministros, Betssy Chávez, y de los ex ministros Willy Huerta y Roberto Sánchez, junto a otros acusados, todos imputados por la Fiscalía por delitos de rebelión.
Checkley justificó su decisión señalando que, según la Corte Suprema, no es necesario que los participantes de un acto de rebelión estén armados; basta con que estén involucrados en el evento y reciban tareas asignadas. Ello luego que las defensas de los investigados alegaran que las acusaciones no configuraban un delito.
La tesis fiscal sostiene que, el 7 de diciembre de 2022, por la mañana, se llevó a cabo una reunión en el Palacio de Gobierno con la participación de Betssy Chávez, Aníbal Torres, Pedro Castillo y otras personas aún no identificadas. En esta reunión, se habría ratificado la decisión de disolver el Congreso y establecer un estado de excepción, utilizando a las Fuerzas Armadas para controlar los tres poderes del Estado y otros organismos autónomos.
La investigación contra la expresidenta del Consejo de Ministros y los exministros se basa en que ellos estuvieron junto al expresidente Pedro Castillo el día en que anunció el golpe de Estado en un mensaje a la Nación, mientras en el Congreso se debatía una moción de vacancia en su contra.
