Un tribunal de Venezuela dictó el lunes orden de arresto contra el opositor Edmundo González Urrutia, que reivindica su victoria en las elecciones presidenciales del 28 de julio en las que fue proclamado vencedor el mandatario Nicolás Maduro entre denuncias de fraude.
La fiscalía pidió que lo detengan por presuntos delitos vinculados a los comicios, incluyendo "desobediencia de leyes" y "conspiración".
La orden coincide con la incautación que más temprano hizo Estados Unidos de un avión que era utilizado por Maduro. Washington desconoció igualmente el resultado electoral.
"Es un paso importante para garantizar que Maduro siga sintiendo las consecuencias de su desgobierno de Venezuela", dijo un portavoz del Consejo de Seguridad Nacional.
Maduro fue proclamado reelecto para un tercer mandato de seis años, hasta 2031, por el Consejo Nacional Electoral (CNE), que no publicó el detalle del escrutinio como obliga la ley. El resultado fue convalidado por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), pero desconocido no sólo por Washington, sino por la Unión Europea y varios países de América Latina.
La oposición liderada por María Corina Machado asegura que el triunfo de González se demuestra con las copias de más del 80% de las actas de votación que publicaron en un sitio web, que el chavismo desestima y asegura que se trata de documentos forjados.
Esa página es el foco de la investigación que llevó a la orden de arresto de González, de 75 años y en la clandestinidad desde el pasado 30 de julio.
"Nadie en este país está por encima de las leyes, de las instituciones, como ha pretendido, este señor el enconchado (escondido), el cobarde de Edmundo González Urrutia", dijo Maduro en su programa semanal de televisión.
El Ministerio Público venezolano divulgó en su cuenta en Instagram una copia de la orden de arresto por delitos que incluyen también "usurpación de funciones" y "sabotaje".
La medida sigue al desacato de tres llamados a González a declarar en la fiscalía como parte de una investigación penal en su contra.
No asistió. El diplomático argumentó hace días que el Ministerio Público actuaba como un "acusador político" que lo sometería a un proceso "sin garantías de independencia y del debido proceso".
"La fiscalía lo cito tres veces y él dice que no va y se esconde porque no reconoce al Ministerio Público", fustigó Maduro. "Dime un país del mundo donde un personaje pueda hacer eso".
Maduro ha pedido cárcel para González y Machado, también en la clandestinidad. Los responsabiliza de hechos de violencia en las protestas poselectorales, que registraron 27 muertos -dos de ellos militares-, casi 200 heridos y más de 2.400 detenidos.
"Han perdido toda noción de la realidad", escribió Machado en X. "Amenazando al presidente electo sólo logran cohesionarnos más y aumentar el apoyo de los venezolanos y el mundo a Edmundo González".
El avión incautado estaba retenido en República Dominicana desde mayo por una orden judicial y este lunes viajó a Fort Lauderdale (Florida, sur). Fue usado por Maduro cuando viajó a San Vicente y las Granadinas en diciembre pasado para una reunión por el conflicto fronterizo con Guyana, o días después cuando fue liberado Alex Saab, señalado de ser testaferro del mandatario izquierdista, en un intercambio de prisioneros con Estados Unidos.
El fiscal general estadounidense Merrick Garland explicó que el jet Dassault Falcon 900EX, siglas T7-ESPRT "fue adquirido ilegalmente por 13 millones de dólares a través de una empresa fantasma y fue sacada de contrabando de Estados Unidos".
Las autoridades sostienen que la transacción violó las sanciones impuestas al país por parte de Estados Unidos, que se endurecieron en 2019 tras la primera reelección de Maduro el año anterior.
"Esta no es una acción aislada", protestó el ministerio venezolano de Relaciones Exteriores, que tachó la medida de "acción criminal" y un acto de "piratería". "Forma parte de una escalada de acciones contra" el gobierno de Maduro.
El gobierno dominicano negó estar involucrado en la investigación que llevó a la incautación.
Maduro no se refirió directamente a la incautación, pero sí de un proceso de diálogo con Washington. "Nos pusimos a conversar con los gringos", dijo, "por convicción diplomática, convicción geopolítica, porque creemos que por la vía política se pueden resolver las diferencias".
"En mala hora lo hicimos porque estábamos negociando con unos mafiosos que lo que venían era a matarnos", agregó.
