La ONU ha solicitado al Gobierno peruano que garantice la seguridad de los fiscales Rafael Vela y José Domingo Pérez, quienes lideran las investigaciones del caso Lava Jato. Las Relatoras Especiales de la ONU expresaron, a través de un documento, su preocupación por el hostigamiento judicial, amenazas y campañas de desprestigio dirigidas contra estos fiscales y también contra el periodista Gustavo Gorriti, conocido por su labor de investigación sobre corrupción en Perú.
En su comunicación, las relatoras detallan que desde 2023, tanto Rafael Vela y José Domingo Pérez han sido objeto de múltiples investigaciones penales y disciplinarias, aparentemente a modo de represalia por su trabajo anticorrupción. Además, señala que grupos afines al partido Fuerza Popular han realizado actos de hostigamiento, creando un ambiente de inseguridad para los fiscales y sus familias. Estas acciones, según la ONU, podrían constituir violaciones a los derechos humanos, incluyendo la libertad de opinión y la independencia judicial.
Las relatoras insisten que la situación no solo pone en riesgo la integridad física de los afectados, sino que también tiene un efecto intimidatorio sobre otros periodistas y fiscales que trabajan en casos de corrupción. Por ello, insisten al Gobierno a actuar con celeridad para proteger a Rafael Vela, José Domingo Pérez y Gustavo Gorriti, y a asegurar que las investigaciones en su contra se lleven a cabo de manera imparcial y transparente.
Finalmente, la ONU insta al Ejecutivo a tomar medidas efectivas para prevenir la repetición de estos hechos y garantizar la independencia judicial y la libertad de prensa en el país. La comunicación, que será pública en los próximos 60 días junto con la respuesta del Gobierno, recalca la urgencia de proteger a los involucrados en las investigaciones del caso Lava Jato en el Perú y de garantizar su seguridad mientras realizan su labor.
Tras la promulgación de la ley de impunidad por el presidente del Congreso y su oficialización en el diario El Peruano a inicios de agosto, Volker Türk, Alto Comisionado de la ONU para los derechos humanos, expresó su preocupación sobre la norma. Lamentó que Perú haya aprobado una ley que establece la prescripción de los crímenes de guerra y lesa humanidad, lo que considera una violación de las obligaciones internacionales del país.
Türk subrayó que esta ley contraviene principios fundamentales del derecho internacional, especialmente en un contexto de retrocesos en derechos humanos y Estado de derecho en Perú. Los crímenes de lesa humanidad y guerra, según él, son algunas de las violaciones más graves y no deben estar sujetos a amnistías ni prescripción.
El Alto Comisionado advirtió que la falta de rendición de cuentas por estos crímenes compromete el derecho a la verdad, justicia y reparación de las víctimas. Insistió en que los responsables de tales atrocidades deben enfrentar las consecuencias legales conforme a los estándares internacionales, para asegurar justicia y evitar la repetición de estos crímenes.
