Los audios presuntamente atribuidos al ministro del Interior, Juan Santiváñez, e que involucran al gobierno de Dina Boluarte en un intento de desactivar la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (Diviac) y con la fuga del líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón, no son razones suficientes en el Congreso para pedir la salida de ambos funcionarios.
Congresistas de diversas bancadas se pronunciaron este lunes al respecto y la mayoría, sobre quienes pertenecen a la coalición autodenominada Bloque Democrático, intentaron poner en tela de juicio la veracidad de los audios que mencionan al ministro Santiváñez y evitaron sumarse a una eventual interpelación o censura.
El congresista de Fuerza Popular (FP), Héctor Ventura, apeló a que esas grabaciones primero deben ser investigadas. "Eso va a permitir que esos audios puedan ser corroborados y que le sirva al ministro. O de lo contrario, deberá someterse a una indagación. Que primero el ministro salga a dar una declaración y se someta a una investigación", manifestó a la prensa.
Ventura fue presidente de la Comisión de Fiscalización. En su periodo, fue un opositor férreo del gobierno de Pedro Castillo e investigó los presuntos actos de corrupción de ese gobierno. Sin embargo, cuando le preguntaron si el ministro del Interior debía ser citado a esa comisión, no tuvo ese mismo énfasis de control político. "Primero que el ministro salga a declarar y que posterioremente el presidente de la Comisión de Fiscalización lo cite (...). No voy a adelantar opinión", dijo.
Su compañera de bancada Tania Ramírez también demandó que se compruebe la veracidad de las grabaciones. "Lo importante es que se verifique si corresponde. Si corresponde, hay que hacer control político. No podemos tolerar si fuera cierto (...). Por el momento, yo no tengo nada que certifique que los audios son del señor".
Mientras que el legislador fujimorista Fernando Rospigliosi básicamente dijo que "el Gobierno tiene que dar explicaciones, es muy raro lo de Vladimir Cerrón".
El congresista de Alianza Para el Progreso (APP), Roberto Chiabra, también cuestionó la originalidad de los audios. "La justicia tiene que hacer su trabajo con más indicios como estos audios y lo otro lo tiene que determinar la presidenta. La presidenta tiene que saber de lo que está saliendo en los medios. ¿Tiene conocimiento o no? Y que tome una decisión. Lo que viene es el peritaje del audio. Lo que tenemos que ver son los tiempos. Esperemos que el peritaje sea rápido y se determine si es la voz del ministro", dijo a Canal N.
Cuando le preguntaron si debería ser interpelado el ministro, respondió: "Creo que pasa por tema judicial, porque viene aquí y se dilatan las cuestiones. Esta es una cuestión de orden de otro tipo y no de orden político", refirió.
En la misma sintonía declaró el parlamentario de Honor y Democracia, José Cueto: "El tema está en que se debe verificar si es su voz. Debe de estar cansado de que lo estén difamando todos los días. Él sale a desmentir. De esa manera no se investiga. No confío mucho en la agenda que está en este triángulo de lucha de poderes".
Similar pronunciamiento tuvo la congresista de Honor y Democracia, Gladys Echaiz. "Ahora estamos viviendo un mundo dimes y diretes. Están las autoridades más ocupadas en contestarle a subalternos, debatiendo en público algo que debe resolverse en una investigación", manifestó. Cuando le preguntaron si debe ser interpelado el ministro, se excusó diciendo: "Creo que se debería invitar a muchas autoridades para que cumplan con su función (...). Sí, debe ser citado. ¿Pero qué va a explicar? ¿Lo que es público? Estamos en una situación poco seria".
En la izquierda, Perú Libre también cuestionó las grabaciones publicadas. "Sistemáticamente nos atacan vinculándonos a este régimen dictador y represivo. Nosotros negamos dichos chats y audios. Somos conscientes que hay detrás de eso ciertos intereses de distraer", declaró la cerronista Kelly Portalatino.
El vocero de Acción Popular (AP), Elvis Vergara, adelantó a La República que ha presentado una solicitud al presidente de la Comisión de Fiscalización, Juan Burgos (Podemos Perú) para que cite al ministro del Interior a rendir cuentas. "Si hay indicios de que hay encubrimiento, creo que sería su talón de Aquiles del Gobierno y tendría que dar cuenta de lo que está haciendo", dijo.
Cuando le preguntaron sobre la posiblidad de que Boluarte afronte una vacancia presidencial por esto, se excusó en el argumento de que "el Ejecutivo no solamente es la presidenta". "Pero lo menos que se debería hacer es que el minsitro del Interior venga al Congreso".
Solo las congresistas de la bancada Bloque Democrático Popular han mostrado indignación por los destapes de este fin de semana. "Merecería la censura del ministro del Interior y la vacancia por incapacidad moral de la señora Boluarte, pero tenemos a un Congreso y Ejecutivo cómplices, al servicio de la impunidad", lamentó la parlamentaria Sigrid Bazán.
Su colega de bancada Ruth Luque recalcó que "un hecho así debería merecer la salida inmediata de este ministro. Pero la mayoría de congresistas no quieren el control político. Han sostenido a Morgan Quero, ministro de Educación. Sostienen a César Vásquez, ministro de Salud, que ni firmar una interpelación quieren".
Las congresistas Susel Paredes y Sigrid Bazán vienen impulsando una moción de interpelación contra el ministro Santiváñez. Pero por las posiciones expresadas en otras bancadas, es inminente que esa demanda caerá en saco roto.
En los audios del capitán de la Policía Nacional del Perú (PNP), Junior Izquierdo Yarlequé, alias "Culebra", que entregó al Ministerio Público, es mencionado el ministro del Interior, Juan Santiváñez. En esa grabación presuntamente dijo que el gobierno de Dina Boluarte habría ayudado a que el prófugo líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón, fugue a Pisco a inicios de este año.
El 22 de agosto este diario publicó el informe titulado "Audios implicarían a la presidenta y a Santiváñez en un plan para liquidar a la Diviac". Esa nota reveló que "Culebra" grabó al ministro cuando ambos cenaban en el chifa Wang Xiang Yuan, de San Borja. La versión de "Culebra" es que Santiváñez le contó que la presidenta lo nombró para que elimine el equipo policial que investiga a este Gobierno y a Nicanor Boluarte.
