Escribe: Paola Ugaz
Hace pocos días, la Conferencia Episcopal de Perú se reunió en Lima y no hablaron del elefante en la cristalería: la expulsión del fundador del Sodalicio, Luis Fernando Figari, realizada por el papa Francisco, el estado de sus sobrevivientes y la responsabilidad de los obispos que permitieron que funcionen en sus jurisdicciones nueve cementerios que no pagaron impuestos al presentarse como propiedad de la Iglesia católica.
En la cita de la Conferencia Episcopal, la primera que se realiza tras la renuncia del arzobispo de Piura y Tumbes, José Antonio Eguren, en abril pasado, se renovó a los vicepresidentes y se eligió como primer vicepresidente al obispo de Lurín, Carlos García Camader, y segundo vicepresidente al obispo del Callao, monseñor Luis Barrera Pacheco. Como presidente seguirá por un período más el obispo de Trujillo, monseñor Miguel Cabrejos.
Una relación directa
¿Cuál es la relación de los cementerios del Sodalicio con los obispos de Lurín, Carlos García Camader; de Arequipa, Javier del Río; de Tacna y Moquegua, Marco Antonio Cortez Lara; de Ica, monseñor Héctor Eduardo Vera Colona; de Piura, José Antonio Eguren (2006-2024); del Callao, José Luis del Palacio y Pérez-Medel (12 de diciembre de 2011-15 de abril de 2020) y Luis Alberto Barrera Pacheco; y de Carabayllo, Lino Mario Panizza Richero (2 de febrero de 1997-20 de abril de 2022) y Neri Menor Vargas (Carabayllo, Puente Piedra y Ancón)?
La relación es directa: todos los obispos arriba mencionados dieron permiso para que en sus jurisdicciones se construyan nueve cementerios del Sodalicio y gracias al paraguas de la Iglesia católica se hizo un negocio que llegó en su pico máximo a mil millones de dólares y que hoy disminuyó debido a la crisis que estalló por las graves faltas que cometieron sus miembros.
¿Por qué los obispos, donde se construyeron los cementerios manejados por el Sodalicio, no informaron al Vaticano del negocio que se realizaba en su respectiva jurisdicción y del acuerdo no escrito con los verdaderos dueños del cementerio, es decir, el Sodalicio?
Hasta hoy, no se oye padre.
Dichos obispos tampoco informaron al Vaticano por qué se entregaron los cementerios al fideicomiso manejado por Acres Investments (empresa fundada por el empresario y alcalde de Lima, Rafael López Aliaga).
Se abre, entonces, otra pregunta para los obispos de los lugares donde funcionaban los cementerios: ¿informarán ahora sí a la comisión creada por el papa Francisco y formada por el arzobispo de Malta, Charles Scicluna y el monseñor Jordi Bertomeu?
Es decir, ajochados por las investigaciones en la Fiscalía y el Vaticano, el Sodalicio armó desde el 2020 un fideicomiso para proteger los nueve cementerios de Parque del Recuerdo, entre otros bienes, una acción que tomaron tras las publicaciones de las pesquisas de sus movidas económicas en La República el 2016.
Modelo de negocio made in Perú
Desde fines de los noventa, el Sodalicio, a través de uno de sus miembros más importantes, el sacerdote Jaime Baertl Gómez, conformó una sección no oficial que se dedicó a hacer dinero usando el Concordato (convenio firmado entre el Vaticano y el Estado peruano para que la Iglesia católica no pague impuestos) a partir de la construcción del cementerio Parque del Recuerdo, en Lurín.
Para tal fin, sellaron un acuerdo con el arzobispo de Lurín, Carlos García Camader, de construir el cementerio en su jurisdicción. En junio del 2000, le dio un poder al sodálite Juan Carlos Len para constituir la “Misión cementerio católico Parque del Recuerdo” donde al no pagar impuestos tenían una gran ventaja frente a los otros cementerios privados.
La misión es una “ficción” creada por el abogado canonista Carlos José Valderrama y refrendada por el hoy cardenal español Lluís Martínez Sistach, y así esquivar cualquier tipo de inspección del Estado. Desde el 2016, el manejo de estas instituciones son materia de denuncia ante la Fiscalía de Crimen Organizado y la Fiscalía de Lavado de Activos.
Hasta hoy todo está estancado y se espera que en la investigación al ‘Operativo Valkiria’ que dirige la fiscal suprema Delia Espinoza se establezca el rol del abogado José Luis Hauyón y el exministro Hernán Garrido Lecca, quienes según las pesquisas fueron asesores de la suspendida fiscal Patricia Benavides y pidieron que se cierre el caso Sodalicio, mas no las indagaciones contra los periodistas que los investigan.
Los sobrevivientes del Sodalicio
Solo si uno se mete dentro de la mente de una persona que vivió en una organización sectaria encontrará sentido en lo que “desde fuera” no tiene sentido alguno: no escaparse a pesar de perder tu libertad de movilidad, obedecer órdenes irracionales durante la formación, con la terrible finalidad de quebrar la estructura psicológica del joven captado por la secta.
Hubo hombres, mujeres y parejas de matrimonios que entraron a una organización hecha para manejarte en nombre del pretendido carisma de Luis Fernando Figari, quien tenía solo 24 años cuando fundó el Sodalicio de Vida Cristiana en el Perú.
El pretendido carisma se reconoció gracias a artimañas de la cúpula que, se espera, salgan a la luz al final de la investigación ordenada por el papa Francisco.
Justicia y misericordia
“Si no no hay reparación centrada en las víctimas, no hay justicia y menos misericordia. Y la Iglesia no solamente va a buscar justicia, sino misericordia. Y si desde el Sodalicio piensan que es venganza y no justicia, lo que veo es una desconexión moral para no reconocer su culpa y responsabilidad”, dijo a La República el sociólogo y teólogo José Luis Pérez Guadalupe.
“En esencia no han cambiado y lo veo en sus medios como La abeja o el programa en YouTube de Sebastian Blanco, el creer que son ellos los que definen quién es la verdadera Iglesia. El Sodalicio parte de un sentimiento de creerse todopoderoso para decidir quién es Iglesia y quién no, es decir, no le obedecemos al arzobispo de Lima (Carlos Castillo) porque es un caviar y tampoco al papa Francisco porque es un comunista… Entonces, desde esa perspectiva, no han cambiado nada”, añadió.
En tanto, el miembro de la Comisión Pontificia para la Protección de los Menores Juan Carlos Cruz afirma que la investigación ordenada por el papa Francisco no es venganza porque supuestamente representan al verdadero catolicismo. “El verdadero catolicismo no es abusar de jóvenes”, indicó, al tiempo que agregó, “venganza es lo que hacen ellos hablando mal de las víctimas y de la misión Scicluna-Bertomeu que representa al papa Francisco. Hay que estar en favor de la verdad, en favor de las víctimas y en favor de que no se abuse más”.
Para la exjefa de las fraternas y teóloga Rocío Figueroa, la respuesta llena de insultos del sodálite Alejandro Bermúdez a la monja argentina Lucía Caram –quien apoyó la expulsión de Figari– “es el reflejo del lavado cerebral del Sodalicio y de Figari… (Bermúdez) publicó un artículo en ACIPRENSA por el 2011, difamándome y diciéndome mentirosa por acusar a Figari y nunca se disculpó”.
“Ese es el patrón: se sienten poseedores de la verdad y si no piensas como ellos son enemigos. Es un sistema abusivo que silencia a las víctimas y que luego recrean una narrativa sobre su institución y cómo hicieron lo correcto. Es triste, pero su valor está puesto en su identidad institucional más que en Jesucristo. Es tal su visión que Bermúdez ha comentado que sería un ‘triunfo y alegría para sus enemigos que se cerrara la institución’”, indicó.
“No. Este ha sido un drama y una tragedia que ha costado un alto precio a muchas víctimas. No habrá vencedores ni vencidos. Quizás solo un poco de justicia para devolver algo de dignidad a las víctimas”, dijo Figueroa.
Concordato: Tratado o acuerdo entre la Santa Sede y un Estado que establece normas para regular las relaciones entre la Iglesia católica y dicho Estado. En el Perú, el Concordato de 1980 tiene rango legal y reconoce a la Iglesia católica como entidad jurídica y regula aspectos como la educación religiosa y reconoce ciertos privilegios eclesiásticos.
Offshore: refiere a cuentas bancarias o empresas registradas en jurisdicciones extranjeras, generalmente con ventajas fiscales y de privacidad. En Perú, las operaciones offshore suelen asociarse a planificación fiscal y con la evasión fiscal o lavado de activos.
Fideicomiso: contrato por el cual una persona o entidad transfiere bienes o derechos a otra (para que los administre en beneficio de un tercero). En Perú, el fideicomiso se usa con varios fines: protección patrimonial, gestión de proyectos, administración de herencias.
Misión: en el contexto eclesiástico implica evangelización y el servicio social de la Iglesia. En Perú, las misiones pueden involucrar actividades religiosas, educativas o desarrollo comunitario.
Fundaciones: organizaciones sin fines de lucro que gestionan un patrimonio con objetivos de interés general, como educación o salud. En Perú son reguladas por el Código Civil y deben tener un propósito y estructura de gobierno.
Lavado de activos: proceso de convertir dinero de actividades ilegales en fondos que parecen legítimos. En Perú es un delito grave, regulado por la Ley de Prevención y Control de Lavado de Activos, y puede conllevar penas severas.
Secreto bancario: obligación de entes financieros de no divulgar información del cliente, salvo en casos excepcionales, por ley. En Perú está protegido por la Constitución. Puede ser levantado por orden judicial en delitos como lavado de activos o evasión fiscal.
