En la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso, primera instancia de procesos que pueden generar hasta la destitución de parlamentarios, se gestan los mayores cuestionamientos sobre este poder del Estado ya bastante desacreditado: a poco de instalarse en la nueva legislatura, con casos pendientes sobre la presidenta Dina Boluarte y congresistas denominados mochasueldos, entre otras denuncias, pierde a todo su equipo técnico por decisión de la nueva cabeza, la legisladora María Acuña, de Alianza para el Progreso (APP), hermana de César Acuña, considerado aliado del Gobierno.
María Acuña ha dicho que casi todos los especialistas de Acusaciones Constitucionales se vayan y no se sabe quiénes los reemplazarán, según fuentes del Parlamento. “Hasta ahora solo hay currículos tentativos, el 98% son nuevos”, cuentan en el entorno de este grupo.
Ella muestra una actitud negativa porque su bancada no le dio la presidencia de la Comisión de Presupuesto, que reclamaba alegando ser “fundadora de APP y hermana de César Acuña”, líder máximo del partido, según comentan sus colaboradores. El pretendido liderazgo de Presupuesto recayó en Lady Camones, antecesora de Acuña en la presidencia de Acusaciones Constitucionales.
Al cambiar a casi todo el equipo técnico, que ya se había adentrado en los casos de la subcomisión, se esperan retrasos en los procesos, que dependerán de la experiencia de los especialistas que se incorporen.
En junio último había en esta instancia siete denuncias constitucionales pendientes contra Boluarte, sus ministros y exministros por la represión de las fuerzas estatales hacia ciudadanos en las protestas de fines del 2022 e inicios del 2023.
Además, esta subcomisión tiene pendiente resolver denuncias constitucionales que presentó la Fiscalía de la Nación contra 12 congresistas, de los cuales seis han sido sindicados de mochasueldos; es decir, de recortar sueldos de sus trabajadores, y otro grupo está involucrado en el caso Los Niños, sobre presuntas prebendas en el gobierno de Pedro Castillo.
Hasta ahora, solo se sabe que María Acuña presidirá la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales por designación de APP, que mantiene esta cuota en el Congreso por acuerdo con las otras fuerzas políticas en el bloque que domina el Parlamento.
La segunda semana de setiembre se debe instalar la SAC de la legislatura recién iniciada. Sus integrantes deben definirse el jueves en sesión de la Comisión Permanente del Legislativo. Al haber aumentado las bancadas, también debe incrementarse la cantidad de miembros de la subcomisión: se estima que pase de 23 integrantes a 29.
El flanco del TC
Mientras, Boluarte busca fortalecer su blindaje con el Tribunal Constitucional (TC). Esta entidad recibió, el último miércoles 28, la demanda de amparo de la mandataria, que busca anular la denuncia constitucional de la Fiscalía de la Nación contra ella ante el Congreso, por la muerte de cinco personas y lesiones graves de otra en manifestaciones sociales de diciembre del 2022 y enero del 2023.
Boluarte aduce que deben declararse nulos y sin efectos legales los actos de la Fiscalía en este caso porque vulneraron sus “derechos constitucionales a la debida motivación de las resoluciones fiscales, al debido proceso y la desnaturalización de la prerrogativa de la inmunidad presidencial”. Es decir, vuelven al antiguo argumento de que no se puede investigar a un presidente en funciones.
Esta demanda llegó al TC luego de que fuera rechazada por el juez Jonathan Valencia y la Segunda Sala Constitucional, en primera y segunda instancia.
La Fiscalía de la Nación presentó esta denuncia constitucional contra Boluarte, en noviembre del 2023, ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso, pero el último 18 de julio, esta rechazó un informe que proponía admitir a trámite la demanda. Esta decisión debe definirse en la Comisión Permanente. Si esta ratifica la posición de la subcomisión, el caso será archivado. Si no, la denuncia tendrá que volver a este grupo de trabajo.
La Permanente ratificaría el archivamiento de la denuncia, según fuentes del Congreso, como parte de un pacto informal con el Gobierno.
El presidente del Congreso, Eduardo Salhuana, convocó a la Junta de Portavoces para este lunes 2 de setiembre, luego de que los legisladores culminen su semana de representación.
En esta instancia se definirá la agenda que debatirán los congresistas en la sesión del pleno de la próxima semana.
Para la siguiente semana, el Congreso tiene pendiente la segunda votación de la ley que faculta a la Policía Nacional a realizar las investigaciones preliminares de los delitos, iniciativa cuestionada por el Ministerio Público, entre otras iniciativas controversiales.
