Desde que se instaló el Gobierno de la presidenta Dina Boluarte, el 7 de diciembre del 2022, afronta un sostenido crecimiento de rechazo en las calles, lo que también ha significado un importante aumento del presupuesto destinado al rubro denominado “Disminución de la incidencia de los conflictos, protestas y movilizaciones sociales violentas que alteran el orden público”.
Al asumir funciones, Boluarte encontró que el régimen del expresidente de Pedro Castillo giró a la Policía Nacional S/463,8 millones dirigidos a sofocar las manifestaciones populares. Pero la jefa de Estado lo subió drásticamente en lo que va de su periodo. En 2023, gastó S/543,1 millones. Y para 2024, ha previsto invertir S/635,1 millones, de los que ha ejecutado al día del hoy el 66%. Ningún otro Gobierno había consumido tantos fondos públicos para sofocar los conflictos sociales, al menos desde 2015 (ver gráfico). Probablemente, se deba a que la desaprobación de Boluarte también es un récord: 90% en promedio.
En un año y 8 meses de gestión, Boluarte le está dando mucho más énfasis presupuestario a la Policía Nacional para reprimir y reducir las manifestaciones sociales antigubernamentales, en comparación con otros graves problemas que afectan a los peruanos, como la minería ilegal y el narcotráfico. Ambas actividades están íntimamente relacionadas con circuitos criminales que afectan seguridad ciudadana, como la extorsión, el sicariato y la trata de personas. Sin embargo, de acuerdo con un análisis de datos de La República, el Ejecutivo ha dirigido fondos pocos significativos para que la Policía Nacional enfrente a las organizaciones criminales del tráfico de drogas y de minería ilegal.
Para el caso del narcotráfico, el Ejecutivo redujo el presupuesto de S/202,4 millones en 2023 a S/188,5 millones en 2024. En un momento en el que las organizaciones del narcotráfico han globalizado sus actividades –Perú es el segundo productor mundial de cocaína– y la violencia relacionada al comercio ilegal de drogas se dispara –un ejemplo cercano es Ecuador–, el Gobierno de Boluarte disminuyó en S/13,8 millones la partida para la lucha antidrogas que se destina a la PNP.
MIEDO A LA PROTESTA
Informes oficiales incluso destacan que en años recientes el aumento del precio del oro ha alentado el crecimiento explosivo de la minería ilegal en el Perú, a tal punto que el movimiento de dinero de esta última actividad ha superado lo que circula en el narcotráfico. Cifras de la Unidad dad de Inteligencia Financiera (UIF), de la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS), así lo confirman. En agosto de este año, la UIF ha reportado que entre enero de 2014 y julio de 2024 detectó US$7,072 millones en operaciones descritas como “Uso de recursos ilícitos o no justificados destinados u obtenidos de la inversión en el sector minero (oro ilegal y otros minerales)”. La UIF también destaca que dicha cifra representa el 53% del total de los fondos que movilizaron en el mencionado periodo todas las actividades ilegales identificadas, entre otras, el narcotráfico.
Es decir, el Estado peruano debería movilizar mayores recursos para detener el sostenido aumento de la minería ilegal que, como se ha mencionado, está estrechamente relacionada con otras actividades que afectan la seguridad ciudadana. Sin embargo, sucede todo lo contrario.
No solo el Congreso promueve normas que alientan, favorecen y promueven la minería ilegal –el presidente del Legislativo, Eduardo Salhuana Cavides, defendió a denunciados por dicha actividad en Madre de Dios–, sino también el Ejecutivo ha retrocedido clamorosamente frente a este delito. Las cifras lo confirman.
Como se ha indicado, para 2023 el Gobierno de Dina Boluarte destinó S/41,3 millones a la Dirección de Economía y Finanzas de la PNP, con la finalidad de financiar la lucha contra la minería ilegal. Y en 2024, subió el monto a S/47,6 millones. Esto es, S/6,2 millones más de un año a otro (13,2% más).
Empero, en relación al presupuesto dirigido a controlar las protestas sociales, el trato es muy diferente. El presupuesto subió de 2023 a 2024 de S/543,1 millones a S/635,1 millones. Esto significa S/92 millones de soles más.
Por lo que el monto que el Gobierno asigna a la Policía Nacional para que enfrente las protestas sociales es 13 veces mayor respecto a lo que entrega para combatir a la minería ilegal.
Además, representa 3 veces más en relación al presupuesto que se le asigna a la Policía Nacional para enfrentar al narcotráfico.
Conforme al último reporte de la Defensoría del Pueblo sobre conflictos sociales, en julio de 2023 se registraron 225 episodios, y en julio de 2023 fueron 209. Según estos datos, hay una disminución. En contraste, los fondos asignados a la PNP para los conflictos sociales se han disparado.
Lo más probable es que el incremento del presupuesto para fines de control de conflictos sociales responda a un temor de Palacio de Gobierno a un escalamiento que podría poner en peligro la continuidad del régimen.
En comparación, la minería ilegal en Madre de Dios se ha triplicado –desde 2019 no se ejecuta una operación de amplia escala que en esa ocasión tuvo un resultado extraordinario– y en La Libertad las organizaciones criminales dedicadas a la extracción ilegal de oro están fuera de control. Pero para Boluarte mayor trascendencia tiene una marcha de ciudadanos que exige el fin de su Gobierno.
