La decisión de la presidenta de Honduras, la izquierdista Xiomara Castro, de cancelar el tratado de extradición con Estados Unidos fue avalada este viernes por los jefes de los otros poderes del Estado.
Castro canceló el miércoles el tratado que permitió extraditar y encarcelar a 50 hondureños ligados al narcotráfico, entre ellos poderosos políticos, y al día siguiente afirmó que lo hizo para evitar que Estados Unidos lo usara contra militares que le son leales y facilite un intento de golpe de Estado.
El "respaldo completo" a la decisión de Castro fue aprobado en una sesión del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, que integran, además de la presidenta, los jefes de los poderes Legislativo y Judicial, la cúpula militar, el fiscal general y algunos ministros.
Castro convocó al Consejo para discutir sobre "crimen organizado y narcotráfico" dos días después de denunciar el tratado y acusar de "injerencia" a la embajadora estadounidense en Tegucigalpa, Laura Dogu.
Al leer una declaración, el ministro de Seguridad, Gustavo Sánchez, dijo que el Consejo respaldó a la mandataria "frente a los ataques y amenazas de la embajada de Estados Unidos" que "pretenden desestabilizar la institucionalidad democrática" de Honduras.
El Consejo expresó "su firme decisión de continuar el combate contra el crimen organizado y el narcotráfico, sometiendo a los responsables de estos delitos a la justicia nacional", indicó por su parte el ministro de Defensa, José Manuel Zelaya, sobrino de la presidenta.
