Bajo el argumento de contrarrestar una "injerencia" de Estados Unidos en asuntos del país, la presidenta hondureña, Xiomara Castro, canceló esta semana el tratado bilateral de extradición, que había servido para encarcelar y condenar a poderosos narcotraficantes.
Esta drástica decisión levanta interrogantes sobres sus motivaciones reales y posibles consecuencias para el país centroamericano.
Castro tomó la decisión el miércoles horas después de que la embajadora estadounidense en Tegucigalpa, Laura Dogu, criticara una reunión de un ministro y un general hondureños con el titular de Defensa venezolano, general Vladimir Padrino López, a quien Washington acusa de narcotráfico.
La presidenta afirmó que el tratado podría ser usado contra jefes militares que le son leales para facilitar un intento de golpe de Estado.
"No voy a permitir que se utilice, instrumente, la extradición para intimidar o chantajear", declaró la mandataria izquierdista.
El sociólogo Pablo Carías indicó a la AFP que la medida induce a pensar que hay funcionarios del gobierno hondureño "vinculados" a las drogas.
"El agua les está llegando a su casa", afirmó, por su parte, el diputado opositor Tomás Zambrano, en alusión a que Estados Unidos podría solicitar la entrega de colaboradores de Castro.
"Me parece que era una decisión que venían pensando desde hace mucho tiempo", dijo a la AFP el analista y académico Joaquín Mejía, quien cree que Castro aprovechó la declaración de la embajadora para dar el paso.
El tratado, que no menciona el narcotráfico, fue suscrito en 1909 y entró en vigencia 1912, pero las extradiciones de hondureños empezaron hasta 2014 por presiones de Washington en busca de contener el envío de drogas desde Centroamérica.
Estados Unidos convocó ese año a Miami al entonces presidente hondureño, el derechista Porfirio Lobo (2010-2014), y al líder del Congreso y posterior mandatario, Juan Orlando Hernández.
El convenio comenzó a ser aplicado debido a que "aquí los jueces soltaban a los narcos porque tenían miedo, [pues] no estábamos organizados como para dar protección a los jueces", indicó Lobo este jueves.
Medio centenar de hondureños han sido extraditados, pero el tratado poco después se volvió en contra de los líderes del país que validaron su aplicación: Lobo y Hernández, quien gobernó en el periodo 2014-2022.
Hernández fue extraditado en 2022 y fue condenado a 45 años de cárcel en Nueva York en junio pasado por tráfico de drogas. Su hermano Tony también fue sentenciado a cadena perpetua en Estados Unidos en 2021 por narcotráfico "a gran escala".
Lobo fue señalado en el juicio contra Tony Hernández por supuestamente haber recibido sobornos de narcos, por lo que eventualmente podría ser pedido en extradición. Además, en 2017 su hijo Fabio fue condenado en Estados Unidos a 24 años de cárcel tras ser capturado en Haití por la agencia antidrogas DEA.
La medida ha puesto "en grave riesgo la seguridad, la estabilidad económica, los empleos y nuestras relaciones internacionales, en especial con nuestro socio comercial más importante", considera la cúpula empresarial hondureña.
El sociólogo Carías también cree que los ciudadanos de a pie del país centroamericano lo van a "sentir en términos de comercio, inversión y migración".
En Estados Unidos viven casi dos millones de hondureños que envían unos 10.000 millones de dólares anuales en remesas familiares, casi el 25% del PIB de Honduras.
Pero otros creen que el mayor impacto será en la lucha antidrogas.
"La primera reacción posible puede ser que Honduras sea declarado un Estado como Venezuela, Bolivia y Ecuador, que no colaboran lo suficiente en la lucha contra el narcotráfico", indicó el analista Mejía.
"Eso va a tener un impacto en la cooperación bilateral", agregó el profesor de la Universidad Nacional.
Dar por terminado el tratado "es como que digan ahora: Honduras es puerto libre y ahora todo el mundo se puede dedicar al narcotráfico, [porque] no será penalizado", consideró Salvador Nasralla, designado presidencial (vicepresidente) que se desvinculó del gobierno en 2023 por desacuerdos en la toma de decisiones.
El tratado dice que "cualquiera de las Partes Contratantes puede en cualquier tiempo darlo por terminado, avisando a la otra con seis meses de anticipación".
Esto significa que las extradiciones deberían continuar, en teoría, hasta el 28 de febrero de 2025.
Por esta razón, la próxima semana será extraditado a Estados Unidos Mario Cálix, alias Cubeta, socio del expresidente Hernández, según indicó a la AFP el portavoz de la Corte Suprema, Melvin Duarte.
