El presidente de Chile, Gabriel Boric, anunció el viernes un proyecto de ley para que los tribunales y otros organismos estatales puedan acceder a los testimonios de miles de torturados por la dictadura que fueron recopilados bajo secreto por una comisión extrajudicial.
En el marco del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, el mandatario explicó que la iniciativa está encaminada a apoyar la labor de los jueces que buscan determinar el paradero de más de un millar de personas que desaparecieron en poder del régimen de Augusto Pinochet (1973-1990).
"Vamos a ingresar las indicaciones para levantar el secreto impuesto por ley a los documentos, testimonios y antecedentes del informe sobre prisión política y tortura, el informe Valech, permitiendo el acceso por parte de los tribunales de justicia", sostuvo Boric en una ceremonia.
En ese sentido, enfatizó que la información no se hará pública y que solo estará disponible para los jueces y los organismos estatales involucrados en el plan de búsqueda de desaparecidos que lanzó su Gobierno hace justo un año.
La comisión que encabezó el obispo Sergio Valech recopiló las declaraciones detalladas de unos 36.000 torturados por los agentes de Pinochet, quien murió en 2006 a los 91 años sin ser juzgado por sus crímenes.
Sus testimonios quedaron resguardados bajo una reserva de 50 años.
Hace un año el Estado chileno asumió por primera vez la tarea de buscar a los detenidos desaparecidos a través de un programa especial que todavía no arroja resultados.
La dictadura de Pinochet dejó unos 3.200 muertos y desaparecidos. De ese total, 1.460 corresponden a víctimas de desaparición forzada. Los familiares solo han podido hallar e identificar los restos de 307.
El Gobierno chileno y agrupaciones de familiares de las víctimas han denunciado un pacto de silencio entre miembros de las Fuerzas Armadas y de la policía sobre el destino de los desaparecidos.
