Tras las controvertidas elecciones presidenciales en Venezuela, donde el dictador Nicolás Maduro fue declarado ganador en medio de fuertes acusaciones de fraude por parte de la oposición, la represión estatal ha alcanzado nuevos niveles de dureza. Según cifras oficiales, 114 menores de edad han sido detenidos durante las protestas que siguieron al anuncio de los resultados electorales. Estos jóvenes, acusados de delitos graves como terrorismo e instigación al odio, han sido enviados a cárceles federales, desatando la preocupación tanto de sus familias como de organizaciones internacionales de derechos humanos.
La oposición, encabezada por Edmundo González y María Corina Machado, ha denunciado que la falta de transparencia en el proceso electoral y la ausencia de actas que verifiquen los resultados oficiales son claros indicios de fraude. Las protestas, que surgieron espontáneamente en todo el país, fueron duramente reprimidas, resultando en la detención de 1.780 personas, incluidos activistas, periodistas y ciudadanos comunes.
El régimen de Nicolás Maduro ha imputado a los menores detenidos durante las protestas una serie de cargos graves que incluyen "instigación al odio", un delito que en Venezuela se castiga con penas que oscilan entre 8 y 10 años de prisión. A estos jóvenes también se les acusa de "terrorismo", un cargo que conlleva una pena aún más severa, con condenas de 25 a 30 años de cárcel.
Estas acusaciones, según el gobierno venezolano, están fundamentadas en la participación de los menores en actos de protesta que, a juicio del régimen, constituyen una amenaza a la estabilidad del país. Sin embargo, organismos internacionales y defensores de derechos humanos han cuestionado la legitimidad de estas imputaciones, señalando que los cargos están siendo utilizados para justificar la represión de la disidencia y disuadir la participación en futuras manifestaciones contra el gobierno.
Además, la Ley Contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia, promulgada en 2017, ha sido criticada por ser una herramienta del Estado para silenciar a sus opositores, aplicándose de manera arbitraria y desproporcionada, especialmente contra aquellos que expresan su descontento en las calles.
Según reportes de la prensa local y fuentes como la BBC, un grupo de menores de edad detenidos en las protestas ha sido trasladado a la prisión de Tocuyito, una cárcel para presos comunes ubicada en el estado Carabobo, a 178 kilómetros al oeste de Caracas. Este traslado ha generado un profundo malestar entre los familiares de los jóvenes, quienes temen por la seguridad y bienestar de sus hijos en un entorno carcelario tan peligroso.
Tocuyito, conocida por sus duras condiciones y hacinamiento, no es un centro de detención adecuado para menores, lo que ha incrementado las denuncias de organizaciones como la Misión de Derechos Humanos de Naciones Unidas en Venezuela. La situación en la cárcel de Tocuyito refleja el uso sistemático de la represión como una estrategia del gobierno para contener las manifestaciones y castigar a quienes se oponen al régimen.
La liberación de 16 adolescentes en las últimas horas, anunciada por el gobierno, no ha logrado calmar la preocupación entre la población y las organizaciones de derechos humanos, que continúan demandando la liberación de todos los detenidos, especialmente de aquellos que son menores de edad.
Los testimonios de los padres de los menores detenidos son desgarradores y reflejan el miedo y la incertidumbre que viven muchas familias en Venezuela. Una madre, entrevistada por la BBC, narró cómo su hijo fue arrestado tras una manifestación en su barrio. "Yo asistí a las marchas de Maduro y a su cierre de campaña. Trabajé para él y voté por él. Y ahora mira las consecuencias. A mi hijo lo agarraron unos policías vestidos de negro. No pude ir a buscarlo en el momento porque había muchas bombas lacrimógenas y lanzaban botellas en las manifestaciones", relató con desesperación.
La madre explicó que su hijo fue llevado a tribunales al día siguiente de su arresto y ahora enfrenta cargos de incitación al odio, terrorismo y obstrucción de la vía pública. "Es difícil entender cómo un niño puede ser acusado de terrorismo. Solo estaba en la calle, como muchos otros, protestando por un país mejor", afirmó.
