En El Salvador, tres pandilleros de la Mara Salvatrucha (MS13) han sido sentenciados a más de 300 años de prisión por diversos delitos, incluyendo terrorismo y extorsión agravada, según informó la Fiscalía General el último jueves.
En respuesta a una masacre de pandillas que dejó 87 muertos en marzo de 2022, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, implementó un régimen de excepción. Con poderes de emergencia, las fuerzas de seguridad lanzaron una ofensiva contra las pandillas, arrestando a decenas de miles de presuntos pandilleros y colaboradores. Aquellos que lograron escapar se ocultaron o huyeron del país. En poco tiempo, la MS13 y el Barrio 18 prácticamente desaparecieron de las calles salvadoreñas.
José Alfredo Canales ha sido condenado a 384 años de prisión por delitos como extorsión agravada, proposición y conspiración para cometer homicidio agravado, y pertenencia a organizaciones terroristas. Junto a él, Eduardo Ramírez y Yoni Lobo recibieron sentencias de 325 y 320 años, respectivamente, por extorsión y posesión de armas de fuego.
La Fiscalía General de El Salvador informó que estos crímenes ocurrieron entre agosto de 2017 y marzo de 2018 en el oriente del país. Las víctimas, principalmente comerciantes, pagaban entre 30 y 200 dólares mensuales por miedo a las amenazas.
No se especificó si las capturas de estos individuos se realizaron bajo el régimen de excepción implementado por el presidente Nayib Bukele en marzo de 2022, tras una ola de violencia que dejó cerca de 100 muertos.
Este régimen, que ha contado con amplio apoyo popular, ha sido la principal estrategia del gobierno contra las pandillas y permitió la reelección inmediata de Bukele, a pesar de la prohibición constitucional.
Desde la implementación del régimen, más de 81.100 personas han sido detenidas, de las cuales más de 7.000 han sido liberadas condicionalmente. Sin embargo, organizaciones humanitarias han recibido más de 6.400 denuncias de violaciones a derechos humanos, incluyendo detenciones arbitrarias y torturas, y reportan más de 300 muertes bajo custodia estatal, muchas de ellas con signos de violencia.
El régimen de excepción fue aprobado tras el asesinato de más de 80 personas en un fin de semana de marzo de 2022, un hecho que, según investigaciones del medio El Faro, se debió a la ruptura de un pacto entre el gobierno y las pandillas.
