La Junta de Fiscales Supremos rechazó los proyectos de ley 819, 1552 y otros que busca que la Policía Nacional lidere las investigaciones preliminares del delito y ya no el Ministerio Público. A través de un video, los magistrados Juan Carlos Villena, Delia Espinoza, Zoraida Ávalos y Pablo Sánchez se opusieron a la contrarreforma judicial.
"De esta forma se evidencia que el propósito de esta norma inconstitucional es que todas las investigaciones sean de conocimiento y dirección del Poder Ejecutivo a través del Ministerio del Interior, del cual depende la Policía Nacional", se pronunciaron.
En ese sentido, el fiscal de la Nación Juan Carlos Villena explicó la inconstitucionalidad de dicho proyecto de ley que abiertamente contradice el inciso cuarto del artículo 159 de la Constitución Política del Estado y que establece como atribución del Ministerio Público la conducción de la investigación del delito desde su inicio y la "obligación de la Policía Nacional de cumplir nuestros mandatos en el ámbito funcional".
A partir de ello, el titular interino del Ministerio Público comenzó a explicar que esto ocasionaría que los despachos fiscales no puedan conducir las investigaciones del delito, así como resalta en que los exámenes o pericias criminalísticas oficiales serían realizadas por la Dirincri u oficinas descentralizadas y no por como usualmente las hacen lass unidades orgánicas de la entidad autónoma.
Esta contrarreforma judicial que busca modificar el Código Procesal Penal colisiona una vez más con la separación de poderes y la democracia, que el Congreso está acostumbrada a quebrantarla.
"Esto colisiona con la autonomía institucional del Ministerio Público, la efectiva separación de poderes y una verdadera democracia. El Ministerio Público, ante una situación similar, presentó demandas de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional, respecto de algunos decretos legislativos expedidos por el Poder Ejecutivo, la misma que se encuentra próxima a una audiencia para su decisión final", indica.
Juan Carlos Villena ha expresado su preocupación acerca de la capacidad de la Policía Nacional, afirmando que no se encuentra debidamente capacitada para llevar a cabo investigaciones.
En este sentido, señala que resulta inadecuado asignar a la Policía Nacional la responsabilidad de llevar a cabo investigaciones preliminares, ya que el personal no ha recibido la formación necesaria y carece de los recursos logísticos y operativos adecuados para realizar una labor investigativa eficiente.
Estas deficiencias han sido evidenciadas en informes de la Defensoría del Pueblo desde el año 2012, que han revelado la situación real de la institución policial.
Por ejemplo, en un informe titulado "Por una atención policial de calidad con respeto de los derechos fundamentales", se menciona que tras la supervisión de los Departamentos de Investigación Criminal a nivel nacional en los años 2018 y 2019, se recomendó mejorar la infraestructura del 87% de los Departamentos de Atención Urgente.
Esta situación pone de manifiesto la necesidad de implementar mejoras significativas en la capacitación y equipamiento de la Policía Nacional para garantizar un desempeño óptimo en sus funciones investigativas.
Finalmente, Juan Carlos Villena hace un llamado para que los congresistas con prudencia y mesura no la aprueben en segunda votación este proyecto de ley que encargaría la investigación preliminar del delito a la Policía Nacional, obligando así a los fiscales a realizar todas las investigaciones por intermedio de ella.
