María Quispe Ito, una artesana de 51 años de Coata, Puno, teje y vende gorros, guantes y escarpines en la plaza de Armas de su distrito. De niña, fue obligada a trabajar en lugar de ir a la escuela, lo que limitó sus oportunidades. Al independizarse, intentó estudiar, pero no encontró opciones que conciliaran sus responsabilidades laborales y familiares, lo que nuevamente le impidió ejercer su derecho a la educación. Esto la dejó en una posición vulnerable, dependiendo de su esposo para manejar su pequeño negocio.
Como María, 763 millones de personas en el mundo carecen de habilidades básicas de lectura y escritura (UNESCO), y más de un millón se encuentra en condición de analfabetismo en el Perú, lo que limita su desarrollo personal, autonomía y acceso a empleos dignos. El Día Internacional de la Alfabetización, celebrado cada 8 de septiembre, nos recuerda que el derecho a la educación no debe excluir a nadie.
El analfabetismo afecta a todos; una persona alfabetizada tiene mayores oportunidades para ejercer sus derechos, lo que beneficia a la sociedad y a la economía en su conjunto. Invertir en educación es fundamental y es una responsabilidad compartida entre el Estado, la sociedad civil y las personas.
Cada dólar invertido en educación básica produce un ingreso de hasta 5 dólares en los países de ingreso bajo, según Estudios del Foro Económico Mundial, referidos por Leonardo Garnier en el Seminario Regional de Política Fiscal organizado por la CEPAL en 2023. El retorno de la inversión es del 500%.
Pero si su impacto es tan evidente, ¿por qué el Perú no invierte más y mejor en educación? La respuesta se denomina “trampa de la pobreza”. Según el economista Arthur Lewis, esta existe en países con altos índices de desigualdad, con una gran oferta de recursos naturales y mano de obra muy barata. Entonces, no hay incentivos para mejorar la educación, ya que no se percibe la necesidad de una mano de obra calificada ni de ciudadanos educados.
Perú vive en la “trampa de la pobreza” desde hace décadas. Esta situación es sostenida por fuerzas que buscan perpetuarla, aprovechándose de ella y demoliendo cualquier esfuerzo por mejorar la educación. Hasta que el cambio no sea evidente en las autoridades de gobierno, nos tocará a los ciudadanos seguir apostando por la educación para salir de la pobreza.
Afortunadamente, la historia de María tiene un final alentador. Gracias a iniciativas de la sociedad civil, como el programa de alfabetización de la Fundación Dispurse, María y su esposo Víctor encontraron una oportunidad para acceder a la educación. Esto ocurrió después de ver un reportaje en televisión sobre mujeres rurales de Cajamarca que aprendieron a leer y escribir usando una app. Víctor no solo gestionó su inscripción en el programa, además dedica tiempo, después de sus largas jornadas como taxista, para apoyarla en su aprendizaje.
María se siente feliz porque está aprendiendo y porque finalmente no pedirá ayuda para gestionar su negocio, ahora sueña con ampliarlo y exportar sus productos. Su testimonio es una evidencia del poder transformador de la educación y también una llamada a la acción para todos. Para romper el ciclo de pobreza y avanzar hacia una sociedad más equitativa, es fundamental seguir invirtiendo en educación y apoyar iniciativas que brinden oportunidades a quienes más las necesitan.
