Desde ahora, los funcionarios del Estado que estén encargados de las compras públicas podrán reconocer ciertos patrones que encubrirían alguna conducta contraria a las normas de libre competencia, que sería motivo de investigación e incluso sanción por parte del Indecopi. Esto gracias a la Guía para identificar consorcios inusuales en las contrataciones públicas bajo la Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas, publicada por la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del órgano supervisor.
Es a partir de las recomendaciones y mejores prácticas internacionales que la guía aborda el tratamiento legal de los consorcios según la legislación de libre competencia con el fin de orientar a las entidades contratantes y órganos gubernamentales de compras públicas para la identificación de posibles consorcios inusuales o anticompetitivos.
En el Perú, las contrataciones públicas cumplen un papel importante en el crecimiento económico. De acuerdo con información del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE), entre el 2010-2023, estas representaron cerca del 6,4 % del PBI. Solo en el 2023, se adjudicaron S/87.448 millones, más del triple del 2010 (S/25.492 millones).
Durante el mismo periodo, un 47% del monto de las contrataciones públicas fue otorgado a consorcios, alcanzando su máximo nivel de intervención el 2022 con un 64,5%. Mientras tanto, los montos adjudicados por entidades del Estado (ministerios, gobiernos regionales y municipalidades) a consorcios para la ejecución de obras representaron el 76% en promedio, y aquellos destinados a consultorías de obras el 66%.
No obstante, si bien el consorcio es una modalidad lícita de participación en contrataciones públicas, existen consorcios inusuales cuyo único objetivo es disfrazar, facilitar, consolidar o viabilizar una concertación entre las empresas que lo conforman para coordinar posturas, intercambiar información comercial sensible, repartir mercados u otra conducta similar, lo que termina siendo perjudicial para el sistema de contrataciones públicas.
Esta guía busca contrarrestar esta problemática en aras de la libre competencia y la eficiencia económica en los mercados para el bienestar de los consumidores.
