Los altos montos destinados por el Estado para la defensa legal de funcionarios públicos como el ministro del Interior, Juan José Santiváñez, cuyo abogado cobrará S/120.000 por asesorarlo en una investigación judicial, o los S/ 180.000 para la defensa de la presidenta Dina Boluarte en el caso de las muertes durante las protestas, La República busco opiniones sobre el lado legal y ético de este beneficio. Esta son sus impresiones.
La ley Servir establece que los funcionarios, no solo de alto nivel, tienen derecho a una defensa por imputaciones durante su gestión. No se establecen montos, eso se realiza con las reglas del Seace, o sea del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE).
Pero hay una regla en el mismo dispositivo de la que nadie está hablando, que dice que si el funcionario es sentenciado tiene que devolver todo lo que se gastó en él.
Yo tengo una posición distinta sobre este beneficio porque soy abogado. Como exfuncionario tengo una acusación constitucional por el tema de los 18 generales cesados en el gobierno de Francisco Sagasti y cuando yo no era ministro, pero me involucraron, porque en mi gestión no lo revertí, opiné que estaba bien tomada la decisión. Bueno, yo no pedí abogado porque soy mi propio abogado y además lo soy de Francisco Sagasti, a quien no cobro. El otro caso que tengo es una investigación preliminar en el Ministerio Público por las dos personas que fallecieron en Virú durante el paro agrario. Tampoco pedí nada al Estado. Ya sentenciaron a quien disparó a las dos personas. Es una decisión personal solicitar ese beneficio y quien lo pida no comete delito, es su derecho. Pero he visto que las cifras otorgadas son enormes, y no sabía que mis colegas estaban cobrando tanto.
esponsabilidad política o de gestión en el Estado puede estar sujeta a investigaciones judiciales. A veces son denunciados por oponentes políticos y pasan años defendiéndose ante el PJ, al final muchos son desestimados al tener un componente político.
Por otro lado, es cierto que hay funcionarios que cometen faltas o delitos y tienen que ser sancionados. En términos generales tiene cierta lógica que si una persona va a experimentar denuncias judiciales, que estarían motivadas políticamente, al aceptar un trabajo en la función pública, pueda contar con asesoría legal del Estado. Una limitación podría ser establecer tarifas, y eso dependería de la complejidad de los casos. Pero si resulta condenado, porque se ha probado en un juicio en el que se ha respetado el debido proceso, que ha cometido una infracción, esta persona tendría que devolver el dinero que otorgó el Estado o una parte de esos costos. Pero es usual en varios sistemas políticos que los funcionarios públicos tengan algún tipo de asesoría legal cuando son objeto de un acoso judicial motivado políticamente. Hay ciertos cargos que son políticamente más expuestos; entonces, quien asume esta responsabilidad debe tener algún tipo de protección. Yo sé que es impopular, porque la gente desconfía de los funcionarios del Estado, pero alguien tiene que hacer ese trabajo y necesita de algún tipo de seguridad, si lo hace con honestidad.
Hasta donde entiendo, esa es una práctica que está regulada desde hace varios años. Es una práctica que, sin embargo, a la luz de muchos casos de información pública, termina siendo abusiva. Hay una cantidad de funcionarios, el ministro del Interior específicamente, que la usan a partir de su poder para defenderse de comportamientos sin ninguna duda censurables, para hacerlo prácticamente sin límites. En este caso, hay un honorario profesional particularmente alto y significativo para el pago de los servicios del abogado, este tipo de práctica tendría que estar regulada, debería ser consultada y tendría que señalarse límites de montos, límites de cantidad de dinero. Además, tendría que haber en los órganos de control de los sectores una opinión favorable a que se proceda en cada caso. Lo que quiere decir que debería haber una opinión previa de cada sector que presume que no hay falta en afectación de interés público y por lo tanto que la defensa es en ese sentido real y legítima.
En principio, los funcionarios del Estado deberían contar con algún respaldo. Los casos que se están mencionando se alejan mucho de lo que son las funciones normales de las autoridades públicas. Lo que tocaría, además de la consideración ética que uno siempre debería exigirles a los funcionarios públicos, es que se distinga entre lo que es público y lo que es privado. Tener una forma de distinguir mejor las funciones directamente vinculadas con la función pública y aquellas que quedan en esa zona gris de no saber si están vinculadas con la función pública o a conductas ilegales. Ahí hay un tramo importante por clarificar. El gran desafío es dar formas efectivas de protección a los funcionarios y evitar situaciones como las que vemos ahora.
Definitivamente, eso debe ser supervisado por una entidad neutral. No debe ser que el Gobierno extienda ordenes de servicios en favor de abogados que no sabemos si realmente salieron de un concurso, si fue para determinados profesionales o para el pago de favores políticos, etc.
Entonces, en un país donde las cosas están permanentemente cuestionadas, donde hay una falta crónica de transparencia, creo que en la defensa legal del funcionario público yo estaría de acuerdo con que el Estado asuma la responsabilidad, porque cuando se asume un cargo público, cualquiera puede hacer una querella. Y con un Poder Judicial no confiable se entra a un proceso con una acusación no siempre justa, sino motivada por un propósito político en unos casos.
Aunque, en otros, sabemos que efectivamente hay funcionarios públicos que entran al tema de corrupción de funcionarios y a otro tipo de delitos en el ejercicio de la función pública.
Por otro lado, cuando el funcionario es culpable, creo que, además de la compensación que le haga al Estado por una sentencia judicial, si es culpable debería reintegrar el monto de la defensa legal que el Estado le favoreció.
