Vivimos confiando en una serie de sistemas y procesos invisibles que mantienen el equilibrio de nuestra vida. Millones de bacterias en nuestro cuerpo facilitan funciones vitales, nuestro sistema inmune nos protege de amenazas constantes, y nuestro corazón late sin que tengamos que pensarlo. Todo esto ocurre en automático y solo lo notamos cuando algo falla. Es en esos momentos que nos damos cuenta de su verdadera importancia.
Lo mismo sucede con la economía de un país. No valoramos la estabilidad de los precios hasta que la inflación comienza a descontrolarse, ni notamos la fortaleza del tipo de cambio hasta que el dólar se dispara. Estos problemas, que parecen surgir de la nada, son en realidad la manifestación de fallos en los sistemas que damos por sentados.
Hoy quiero advertir sobre uno de estos aspectos que suelen pasar desapercibidos, pero que son cruciales no solo para la economía nacional, sino también para la de cada hogar: la sostenibilidad fiscal. Para empezar, definamos claramente el término. A menudo, los economistas hablamos con la confianza de que todos entienden qué significa “sostenibilidad fiscal”, “trayectoria fiscal”, “déficit fiscal”, “reglas fiscales” o “consolidación fiscal”. Sin embargo, para la gran mayoría, estos términos son difíciles de comprender.
Para fines de esta columna, los invito a pensar en sus finanzas familiares. Todos tenemos gastos y percibimos ingresos que usamos para cubrirlos. Si gastamos más de lo que ganamos, necesitamos cubrir esa diferencia pidiendo prestado a un conocido, a una institución financiera o incluso a un prestamista informal. Si gastamos menos, podemos ahorrar para cumplir alguna meta o afrontar una emergencia en el futuro. Lo mismo sucede con los recursos públicos del país: si el Estado gasta más de lo que recauda, cae en lo que se conoce como “déficit fiscal”.
Tener déficit no siempre es malo. El déficit fiscal puede ser temporal y justificarse para cubrir emergencias o invertir en activos que, en el futuro, generarán mayores ingresos, como grandes proyectos de infraestructura. El problema surge cuando el déficit fiscal se mantiene durante muchos años sin generar ahorros que permitan pagar las deudas. Al evaluar cómo evoluciona el balance entre déficit y ahorro fiscal a lo largo de los años, evaluamos cómo está la “sostenibilidad fiscal”. La idea es que el país debe alcanzar un equilibrio a mediano plazo entre el gasto y el ahorro para evitar que su deuda se salga de control.
La sostenibilidad fiscal garantiza que el Estado pueda cumplir con sus obligaciones sin poner en riesgo la estabilidad económica ni comprometer el futuro del país.
Actualmente, el Perú enfrenta desafíos serios debido a que el crecimiento del gasto público ha venido superando el crecimiento de los ingresos; es decir, el Estado gasta más de lo que genera, y ello ha conllevado a que el déficit fiscal sea mayor de los límites establecidos. En 2023, Perú incumplió una de sus reglas fiscales por tercera vez en los últimos quince años, registrando un déficit más alto (2,8% del PBI) cuando no debía superar el 2,4%.
El incumplimiento de la meta fiscal puede parecer menor, pero es motivo de preocupación por varias razones. La primera es que la diferencia entre el 2,4% (objetivo fiscal) y el 2,8% (resultado al cierre del año) equivale a S/4.000 millones, lo que significa que gastamos esa suma adicional a lo previsto.
Otro motivo de alarma es que, en lugar de corregir este exceso de gasto, el Gobierno aumentó en julio el límite del déficit fiscal para todos los años hasta 2028, lo que le permite seguir con gastos excesivos. De hecho, los nuevos límites implican que el ajuste fiscal fuerte se espera que lo haga el próximo Gobierno. Esta es una muestra de irresponsabilidad fiscal, al dejar el problema para las siguientes administraciones.
Para el año 2024, a pesar de que el Gobierno aumentó el límite de déficit fiscal, las distintas proyecciones nos señalan que existe una alta probabilidad de que volvamos a tener un déficit más alto del que nosotros mismos nos hemos comprometido.
A esto debemos sumar que una sentencia del Tribunal Constitucional de fines de 2022 ha permitido que el Congreso apruebe leyes que incrementen el gasto público sin la necesidad de contar con la opinión favorable del Ministerio de Economía y Finanzas, lo cual contraviene con lo que establece la Constitución. Esto aumenta significativamente los riesgos de descontrol en el gasto público. Sumado a esto, el Poder Ejecutivo no ha mostrado señales claras de contener las iniciativas del Congreso que implican mayores gastos.
Por último, Petroperú, la mayor empresa estatal, se encuentra en una situación financiera crítica y necesita miles de millones de dólares para continuar operando. Un eventual rescate por parte del Estado añadiría aún más presión a nuestras finanzas públicas. Todo esto pone en riesgo la sostenibilidad fiscal del país y demanda acciones inmediatas para corregir el rumbo.
Los mecanismos que hacen que la pérdida de sostenibilidad fiscal termine afectando nuestros bolsillos son diversos, y algunos toman más tiempo que otros. Hablemos de los más directos: primero, cuando un país sigue una senda de varios años sin ajustar adecuadamente sus gastos para reducir su deuda pública, va perdiendo la confianza de los agentes internacionales. En el caso de Perú, estamos incumpliendo los límites fiscales que nosotros mismos nos hemos impuesto, lo que refleja mala planificación y falta de control. Esto lleva a una peor calificación crediticia para el país y a tasas de interés más altas, encareciendo los préstamos para negocios o propiedades.
El segundo mecanismo directo es que, para corregir el déficit, tarde o temprano se tendrán que aumentar los impuestos. En un país con alta informalidad como Perú, esto significa aumentar la carga sobre la minoría formal, lo que incrementa el costo de ser formal y puede aumentar los niveles de informalidad.
Por otro lado, entre los mecanismos indirectos, vivir en un país con una deuda fuera de control puede traer consigo una serie de desventajas, como un tipo de cambio más volátil y un escenario de inflación descontrolada, similar a lo que ha ocurrido en Argentina en los últimos años.
La sostenibilidad fiscal es esencial para vivir en un país próspero, donde podamos desarrollar nuestras familias, sueños y proyectos. El Gobierno tiene la alta responsabilidad de manejar bien los recursos de todos los peruanos, pero últimamente parece actuar como si las finanzas públicas fueran un barril sin fondo, al aumentar el gasto sin control. Como bien señala Alonso Segura, presidente del Consejo Fiscal: “El Perú no se acaba en julio de 2026”. Debemos exigir al Gobierno más responsabilidad y rigor en la gestión de los ingresos y gastos, por el futuro de todos los peruanos.
