Pocas cosas podrían sonar más consensuales —y con sentido común— que proteger el medio ambiente y la diversidad biológica. De la misma forma, los derechos humanos y la independencia judicial (esto último, valor fundamental para el funcionamiento de una justicia basada en la ley y no en los intereses y conveniencia de los poderes políticos y fácticos.
Sin embargo, en el Perú de los últimos años, marchamos en reversa. El pacto corrupto que nos rige repercute, entre otras cosas, en la explosión de inseguridad ciudadana, desbordada en todos los rincones geográficos y sociales del Perú.
33 defensores ambientales asesinados: impunidad
La impunidad del crimen y de prófugos de la justicia, como el inefable Vladimir Cerrón, es solo un “detalle” más de cómo la autoridad se ha desvanecido. Cuando aparece fugazmente, es solo para protegerse a sí misma. Por ejemplo, la presidenta, interfiriendo en las indagaciones policiales contra ella misma, su hermano o sus waykis en la sombra.
Mientras eso ocurre, se multiplican los asesinatos de dirigentes sindicales y florece la arrolladora ola criminal de la minería ilegal (empezando con Pataz). Y algo muy grave relacionado con la protección de nuestros ecosistemas: los 33 defensores ambientales amazónicos asesinados en el Perú en la última década, de los cuales 12 fueron asesinados solo en el 2023.
Los asesinatos a defensores ambientales ocupan espacio cada vez más relevante en la agenda mundial, ya que son personas claves en la protección del ambiente. Al respecto, en unos meses, la atención internacional sobre este drama se multiplicará, pues se llevará a cabo, en Cali, Colombia, la conferencia mundial más importante en materia de medio ambiente: COP16.
La COP16 es la conferencia de los Estados parte del Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB). Es un tratado internacional fundamental adoptado en 1992 durante la Cumbre de la Tierra (Río de Janeiro) con un crucial objetivo: la conservación de la diversidad biológica, el uso sostenible de sus componentes y la participación justa y equitativa en los beneficios derivados de sus recursos genéticos.
Existen problemas serios generados por los incumplimientos por varios Estados. Se suman inercias ante la depredación de la naturaleza por economías ilegales (aunque a veces también las “legales”), junto con el gradual y permanente aniquilamiento de los defensores ambientales.
El Perú llega bien zamaqueado a esta COP16. Con las manos vacía o, más bien, “manchadas”, entre otras cosas, por la reciente “flexibilización” en la definición jurídica de “organización criminal”, aprobada por el actual Congreso en la nefasta ley no observada por el Ejecutivo del pacto.
Es apabullante el desastre hacia el cual el pacto corrupto ha llevado al país. Empezando por un área particularmente sensible: la creciente —y desbordada— inseguridad ciudadana.
Cuando al crimen organizado se le pone luz verde, no puede concluirse otra cosa, sino que se le ha dado un cheque en blanco. Y avanza viento en popa.
Asimismo, otro tema que pasó por agua tibia fue cuando el Congreso derogó —marzo 2024— el DL 1607, que regulaba la tenencia de explosivos destinada a frenar la minería ilegal. Derogación obra del “combo multipartidario” ad hoc del pacto, que incluye a Fuerza Popular y permitió que la minería ilegal se acelerara viento en popa. Con ello, la Policía Nacional ya no podrá actuar contra los autores de tenencia ilegal de explosivos ni incautar la mercancía ilegal. De allí vino la sucesión de incesantes actos terroristas producidos en Pataz, La Libertad, gracias a lo cual esa es hoy una tierra arrebatada por el crimen.
De la misma manera, la minería ilegal exportadora de oro continúa creciendo. Y no es casualidad ya que los precios del oro se encuentran en un alto histórico. Situación que incrementa la codicia y los cupos de poder de los inescrupulosos mineros ilegales.
Crimen organizado al timón
La mitad del oro exportado desde el Perú proviene de la extracción ilegal. Si en el 2022 se registraron 96,6 toneladas de producción de oro, el volumen exportado fue de casi el doble: 174,8 TM. Este es un proceso en marcha con el visible sustento político e institucional del pacto corrupto.
Además de liberalizar el comercio de explosivos, ha producido una nueva definición light de crimen organizado y de organización criminal. El pacto corrupto ha dejado fuera de esa definición a estructuras criminales fundamentales que hoy se expanden, beneficiando —y protegiendo— a perseguidos por la ley, como Vladimir Cerrón. Han sido “borrados” delitos muy graves que eran considerados condiciones de una organización criminal: estafa agravada, tráfico de productos pirotécnicos, tortura simple, concusión, colusión simple, peculado, cohecho pasivo, soborno internacional pasivo, negociación incompatible y enriquecimiento ilícito básico. Además de otros crímenes también espinosos: tráfico de órganos y tejidos, tráfico ilícito de migrantes y tráfico ilegal de datos personales.
Luz verde, pues, para la minería ilegal, tala ilegal, narcotráfico y extracción ilegal de oro. Y esto sigue. Todo articulado por las dos piezas del pacto corrupto: Congreso y Ejecutivo.
Es visible que el pacto corrupto es esencialmente antidemocrático y aborrece —y torpedea— la justicia independiente. Obsesión del Congreso en el que al menos un tercio de sus miembros están —o merecen ser— investigados por la justicia.
