El congresista de la bancada de Renovación Popular, Diego Bazán, se pronunció sobre la crítica situación por la que atraviesa la empresa estatal peruana PetroPerú, la cual tiene el riesgo inminente de quebrar. El parlamentario advirtió que las acciones que pueda tomar el titular del Ministerio de Economía y Finanzas, José Arista, frente a esta situación, serán evaluadas con detenimiento por el Congreso, con la posibilidad de presentar una moción de censura en su contra.
En esa línea, el legislador sostuvo que en el 2022, la compañía estatal perdió aproximadamente 271.000 millones de dólares. En el año siguiente, PetroPerú no pudo recuperar sus cifras económicas y perdió 823.000 millones de dólares. Además, en el 2024, la empresa peruana tuvo una pérdida hasta junio pasado de 452.000 millones de dólares. Agregó que la entidad debe alrededor de 8.500 millones de dólares.
"Petroperú en 2022 perdió US$ 271 Millones; en 2023, US$ 823 M; y a junio 2024, US$ 452 M. Además debe US$ 8,500 M. Quiebra es inminente y Estado no debe dar 1 centavo más. De hacerlo, iremos por la censura y acusación contra ministros involucrados", escribió el integrante de Renovación Popular.
En un comunicado dirigido a la opinión pública, los directores designados por la Junta General de Accionistas (JGA) de Petroperú instaron al Gobierno a tomar una decisión clara sobre el futuro de la empresa estatal, considerando su actual situación insostenible. Desde mayo de este año, cuando se reveló la crítica situación financiera de la petrolera, los directivos continúan esperando una respuesta del Gobierno Central.
El comunicado también detalla los factores que han llevado a la empresa a su complicada situación actual, resaltando la injerencia política y sindical, la construcción de la Nueva Refinería de Talara y el sobreendeudamiento que ha provocado su insolvencia y falta de liquidez.
El escrito de Petroperú señala que el Directorio designado por la Junta General de Accionistas (JGA) ha instado al Gobierno a tomar una decisión urgente sobre el futuro de la empresa estatal. Según el documento, el Ejecutivo liderado por Dina Boluarte tiene tres opciones a considerar: continuar inyectando fondos, iniciar un proceso de reestructuración o aceptar la quiebra y proceder a la liquidación de la compañía.
En declaraciones a Canal N, Oliver Stark, presidente de Petroperú, afirmó que el gobierno no ha tomado medidas en más de tres meses. Además, mencionó que se han iniciado conversaciones con Proinversión para la venta de activos de la petrolera estatal. Stark subrayó que ya comenzó el traslado de las oficinas de la empresa a Talara.
Por otro lado, informó que un tercio del personal de Petroperú está en proceso de desvinculación voluntaria, lo que equivale a aproximadamente 600 trabajadores, según sus estimaciones.
Consultado sobre los plazos del directorio para recibir una respuesta del Ejecutivo, Stark expresó su confianza en que llegará pronto. No obstante, advirtió que si no son escuchados, el directorio podría considerar dar un paso al costado.
