A inicios de agosto, el Defensor del Pueblo Josué Gutiérrez, presentó una demanda de inconstitucionalidad contra la ley de extinción de dominio decretada en agosto de 2018. En su solicitud, argumentó que esta ley vulneraba el derecho de propiedad y los principios de tipicidad, presunción de inocencia, irretroactividad de la ley y seguridad jurídica.
Sin embargo, días después, se informó que el Ministerio Público incautó más de un millón y medio de soles de Vladimir Cerrón. Además, se confiscó un vehículo valorado en más de 820.000 soles perteneciente a la empresa de Sara Gutiérrez Cóndor, hermana del Defensor del Pueblo, por un presunto delito de contrabando.
Esto generó dudas sobre si la demanda tenía motivaciones personales, considerando el papel previo de Gutiérrez como abogado de Cerrón. En conversaciones con los abogados penalistas Joel Córdova y Andy Carrión, se expresaron posturas a favor y en contra de la posibilidad de investigar al Defensor del Pueblo.
Joel Córdova, quien ha trabajado como abogado de la Procuraduría General de Estado, plantea que el Defensor del Pueblo tiene vínculos con Vladimir Cerrón, a quien ha representado legalmente, y con su hermana. Considera que existen indicios mínimos para investigarlo por patrocinio ilegal, ya que la norma sanciona a funcionarios públicos que favorecen intereses de particulares, en este caso, de familiares y ex clientes.
Destaca que la Corte Suprema ha interpretado que "patrocinar" abarca cualquier acción que mejore la situación jurídica de una persona, por lo que, si se demuestra que la demanda de inconstitucionalidad beneficia a personas relacionadas con el Defensor del Pueblo, podría haber responsabilidad.
También Cordova recuerda que el actual Defensor del Pueblo fue denunciado en septiembre de 2023 por el mismo delito por la Procuraduría General del Estado, por supuestamente haber patrocinado los intereses de Nadine Heredia ante el Poder Judicial.
Por otro lado, el abogado Andy Carrión opina que, aunque hay un posible conflicto de intereses y cuestionamientos éticos debido a las incautaciones que afectan a familiares de Gutiérrez, esto no constituye automáticamente un delito.
Además, señala que la demanda aún está pendiente de evaluación por el Tribunal Constitucional y que la presentación en sí misma no implica una infracción legal. Carrión defiende que, aunque la situación puede ser política, no necesariamente implica una violación legal, a menos que el Defensor del Pueblo tome acciones directas que beneficien a los implicados.
"No veo ningún delito. Esta demanda ante el TC está sujeta a evaluación, puede ser rechazada. El defensor del Pueblo no puede ser investigado, ya que no tiene poder de resolución como un fiscal o juez. No resuelve nada", expresó para La República.
El defensor del pueblo, Josué Gutiérrez, fue interrogado en el programa dominical Punto Final sobre la demanda constitucional que presentó ante el Tribunal Constitucional contra la ley de extinción de dominio. Gutiérrez negó que esta acción tuviera como objetivo influir en el proceso legal de su hermana, quien enfrenta cargos por un presunto delito de contrabando.
"Nunca voy a caer bajo para poder yo, en mi representación de la Defensoría, ir a defender a una persona o a otra, siendo familiar o un anterior cliente", expresó Gutiérrez. Además, lamentó que este tema se convierta en discusiones 'banales e injustas', sobre todo viniendo de otras instituciones estatales a las cuales respeta" sostuvo.
