El proyecto de ley 8678/2024 presentado por Perú Libre y auspiciado por Waldemar Cerrón, el cual pretende crear una comisión ordinaria que fiscalice a jueces y fiscales, se encuentra a la espera de ser debatido en la Comisión de Constitución y Reglamento.
Congresistas consultados señalan que sus bancadas hasta ahora no analizan el tema, aunque de modo personal mostraron sus reparos por las posibles consecuencias.
De Somos Perú, Héctor Valer comentó que se trata de un proyecto “antidemocrático e inconstitucional” que no debería llegar al Pleno. Indicó que no respeta la división de poderes.
“Se quiere concentrar a otros poderes del Estado en el Parlamento, cuando este tiene otras funciones. Democracia significa equilibrio de poderes. Es una propuesta estalinista”, dijo.
Ruth Luque, del Bloque Democrático Popular, afirmó que el proyecto resulta ser una amenaza a la autonomía del sistema de justicia. En su opinión, se pretende utilizar el poder político como un arma para politizar las decisiones judiciales y denigrar el trabajo de jueces y fiscales, todo ello en un contexto de investigaciones y juicios a diversos actores políticos, “entre ellos a quienes impulsan esta propuesta”.
Por su parte, Fernando Rospigliosi, representante de Fuerza Popular y presidente de la Comisión de Constitución y Reglamento, advirtió que la propuesta “de lo que se ha podido ver, es bastante discutible”.
Jaime Quito, de la Bancada Socialista, señaló que, si bien es cierta la necesidad de llevar adelante una reforma profunda en el sistema de justicia, aquella no debe ser aprovechada para promover intereses particulares. “Debe haber independencia de poderes y me parece que el proyecto podría terminar interfiriendo en las decisiones que terminen adoptando los jueces y fiscales, por eso hay que tener cuidado. No puedes traspasar la barrera, te estarías inmiscuyendo en decisiones que no son competencia del Congreso”, añadió.
Rechazo
La conformación de una comisión parlamentaria que fiscalice a jueces y fiscales podría convertirse en una forma de presionar a estos para que fallen en cierto sentido. Por ejemplo, el juez de investigación preparatoria, Jorge Chávez Tamariz, decidió no aplicar la Ley 32108 de crimen organizado en la investigación a Vladimir y Waldemar Cerrón en el caso de Los Dinámicos del Centro por considerarla incompatible con las convenciones de Viena y Palermo.
Distintos especialistas advirtieron que esa norma recientemente promulgada –y que también fue promovida en su momento por Cerrón– es lesiva en la lucha contra la criminalidad. Bajo su amparo, los hermanos Cerrón habían pedido que se archive el presunto delito de organización criminal. ¿Podrían actuar libremente los jueces en procesos que atañan directamente a los congresistas si llegara a prosperar el PL 8678/2024?
Las actividades en la sede legislativa están detenidas mientras dure la semana de representación. Por lo pronto, la Fiscalía y el presidente del Poder Judicial, Javier Arévalo, han mostrado su oposición a la iniciativa de Cerrón y PL.
“Hay personas que están implicadas en investigaciones”, comentó Arévalo. Y agregó que sería contradictorio que “estas personas pudieran fiscalizar a los jueces”. “La posición institucional es de rechazo a un proyecto que, creemos, no prosperará y posiblemente será mandado al archivo”, declaró.
Asimismo, el Ministerio Público, a través de un comunicado, advirtió que el PL 8678/2024 vulnera su autonomía e independencia institucional cuando se le pretende “someter” al Congreso, lo que viola el principio de separación de poderes y atenta como el estado de derecho. Exhortó al Legislativo a proponer iniciativas que respeten la Constitución y el ordenamiento jurídico nacional.
