La anunciada fusión del Ministerio de Inclusión Social con el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables tiene todo el aspecto de tratarse de una nueva embestida del rancio conservadurismo que hoy nos gobierna.
Es indiscutible que también esta anunciada fusión representa muchos pasos atrás respecto de lo que medianamente se ha avanzado en este siglo en la agenda política en relación con la mujer. No solo se trata de derechos civiles, sino de una renovación de los compromisos del Estado en procura de la representación política, social y económica de las mujeres en condiciones de igualdad, paridad y equidad.
La presencia de las mujeres en todos los espacios públicos, privados, académicos, etc. no ha sido regalada ni concedida sino obtenida por efecto de la permanente movilización de ellas mismas, que irrumpieron en el sistema productivo hasta convertirse ahora en una fuerza indispensable para el desarrollo.
Dicho esto, ¿en qué momento se cruza la agenda de las mujeres, que ahora corresponde a cada vez mayores reclamos de inclusión e igualdad, con una política social destinada a los más pobres, a los más vulnerables, sin importar el género sino su condición extrema que demanda la intervención inmediata del Estado?
Es cierto que la pobreza tiene rostro de mujer en el Perú y en otros países. Y también es inequívoco decir que todas las políticas de desarrollo –los ODS– tienen a la mujer como un actor y un beneficiario indudable. Sin embargo, los índices de inseguridad en los que las tasas de feminicidio son cada vez mayores, la menguada participación política, la igualdad salarial por igual trabajo, todo ello compone una agenda que un ministerio como el Midis está incapacitado para enfrentar.
Por eso demandamos que se mantenga el Mimp como ente rector de las políticas destinadas específicamente a la mujer con un abordaje más integral y sistémico y una propuesta más renovada. Si el Mimp no existiera, habría que inventarlo.
