Dos abogados panameños pidieron el lunes a la fiscalía de Panamá que investigue el paradero de 500 millones de dólares aportados al Estado en 2023 por una minera canadiense que tuvo que cerrar operaciones en el país centroamericano a raíz de una sentencia judicial el año pasado.
Los letrados José Antonio Moncada y Heracleo Bustamante presentaron una denuncia penal en la que solicitan a la fiscalía "que se inicien las investigaciones correspondientes para esclarecer el destino de estos 500 millones de dólares".
El dinero fue aportado al Estado en 2023 por la minera First Quantum Minerals por concepto de regalías e impuestos, y el gobierno anterior del expresidente Laurentino Cortizo (2019-2024) había dicho que estaba congelado.
La minera tuvo que suspender operaciones por un fallo de la Corte Suprema panameña que declaró "inconstitucional" el contrato de concesión, el 28 de noviembre de 2023.
First Quantum operaba en el Caribe panameño desde 2019 la mina a cielo abierto más grande de Centroamérica.
Días antes de la sentencia, la minera anunció el pago de 567 millones de dólares en regalías, que quedaron congelados en una cuenta del Tesoro Nacional, según el exmandatario Cortizo.
"Es imperativo que se determinen las responsabilidades penales que correspondan y se procese a los responsables de este posible delito de peculado, que representa un agravio directo al patrimonio del Estado y al bienestar de la nación", reza la demanda.
El actual mandatario, José Raúl Mulino, quien sustituyó a Cortizo el 1 de julio, dijo el pasado jueves que ese dinero de la mina "ya se tocó".
Los fondos "fueron utilizados en el gobierno anterior, no en nuestro gobierno", afirmó Mulino.
"Estamos exigiendo que se nos de respuesta de dónde están los fondos de todos los panameños", dijo el abogado Bustamante.
"Le voy a pedir a todas las autoridades que tienen que ejercer la justicia que rueden las cabezas necesarias, no estoy hablando de una persona en particular", agregó.
La mina producía unas 300.000 toneladas de concentrado de cobre anuales, que representaban el 75% de las exportaciones y el 5% del PIB del Panamá.
La aprobación en el Congreso de Panamá del contrato con First Quantum desató protestas que casi paralizaron al país por cinco semanas. Las manifestaciones, convocadas por grupos ecologistas y sindicales, acusaban a la mina de contaminar el medioambiente.
