El congresista José Arriola (Podemos Perú) afrontará una nueva investigación en la Comisión de Ética, luego de que Yolanda Isabel Cuya Llajaruna, excoordinadora de su despacho y quien fue acusada de complicidad, revelara chats y comprobantes bancarios que muestran transferencias a la cuenta del parlamentario producto del recorte de sueldo.
"La Comisión de Ética, bajo mi presidencia, ha vuelto a abrir otro caso por la denuncia que ha salido ayer y vamos a ir avanzando hasta el final. Ahora tenemos las declaraciones en el Ministerio Público que nos van a servir para poder procesar y llegar a encontrar justicia en este caso", dijo Diego Bazán.
El congresista de Renovación Popular dijo, además, que la denuncia de Yalanda Cuya ha servido para que se tomen nuevos elementos de convicción.
"Es una nueva investigación la que se ha abierto contra el congresista. El congresista ha indicado que no se le puede investigar dos veces por el mismo hecho, sin embargo nosotros consideramos que hay otros elementos adicionales que nos permitiría abrir otra investigación", apuntó el legislador.
Yolanda Cuya, quien sufrió la perdida de 30.00 soles, dijo que es una víctima del congresista José Arriola, debido a que acató las órdenes (recorte de sueldo) por temor a que la saquen de su trabajo.
"Yo estoy diciendo mi verdad ante Fiscalía con todas las evidencias, he entregado porque yo no tengo por qué mentir. Yo he sido una víctima acá. Yo he acatado las órdenes de mi jefe en ese entonces porque si yo desobedecía tenía el temor que a mí se me retire del trabajo. Yo no podía darme el lujo de poder quedarme sin trabajo en ese momento", expuso la denunciante.
En esa línea, mencionó que seguirá colaborando con la justicia.
"Yo me ratifico en todo lo que he dicho a la Fiscalía y voy a seguir colaborando en la Fiscalía para que puedan llegar a la verdad. Yo no estoy mintiendo, tengo la verdad de mi lado y voy a seguir en mi lucha por demostrar que no he sido cómplice de nadie", concluyó.
El pasado 20 de agosto, la Fiscalía de la Nación presentó una denuncia constitucional contra el congresista José Arriola Tueros por el presunto delito de concusión, debido a que recortó más de 102.000 soles que corresponde al salario de 10 trabajadores de su oficina, que integraron la comisión investigadora sobre compras relacionadas con el COVID-19, además de la bancada de Acción Popular.
Arriola Tueros exigía el 10% de sus haberes y el 15% de sus bonificaciones. A ellos les exigía la entrega de donativos consistentes en alimentos e implementos de cocinar para que sean entregados a las organizaciones de las ollas comunes y vasos de leche, así como dinero en efectivo.
