Brasil endurece a partir de este lunes los requisitos para ingresar a su territorio, tras haberse convertido en ruta ilegal de migrantes hacia Estados Unidos y Canadá a través de su gran aeropuerto internacional de Sao Paulo.
El país "se convirtió en una ruta para organizaciones criminales que se dedican al contrabando de inmigrantes y tráfico de personas", afirmó el ministerio de Justicia en un informe enviado a la AFP.
La Policía Federal detectó un aumento "exponencial" de viajeros que hacen escala en el aeropuerto de Guarulhos y, en lugar de continuar el viaje al destino final de sus billetes, se quedan para intentar entrar a Brasil.
Esto ha hecho que cientos de personas permanezcan hacinadas en el área de tránsito, lo que ha suscitado acusaciones de violaciones de derechos humanos, especialmente luego de la muerte de un migrante que se sintió mal en el recinto.
Los migrantes son oriundos principalmente de países asiáticos y tienen billetes con destino final a otros países suramericanos.
Según las autoridades, "son instruidos por organizaciones criminales a solicitar refugio para ingresar a territorio brasileño", a sabiendas de que no permanecerán ahí.
Luego continúan por tierra hacia Colombia, donde atraviesan la frontera a Panamá por la peligrosa selva del Darién.
"El objetivo de estos viajeros no es solicitar protección al Estado brasileño a través del instituto de refugio, sino seguir una ruta rumbo al norte de América, principalmente hacia Estados Unidos y/o Canadá", sostiene el ministerio.
Desde ahora, se exigirá visa a quienes se dispongan a viajar a un tercer país en un vuelo con conexión en Brasil.
Las nuevas reglas también obligarán a los solicitantes de refugio a demostrar que sufren persecución política o violencia en sus países de origen, algo que hasta ahora no ocurría.
Guarulhos, que sirve a la megalópolis de Sao Paulo, es uno de los aeropuertos con mayor tráfico de pasajeros de Latinoamérica, con 35 millones anuales.
Los migrantes que arriban allí deben permanecer en un área restringida mientras tramitan sus solicitudes de refugio, lo que puede demorar semanas.
Según datos oficiales, en 2013 hubo 69 pedidos de refugio en este aeropuerto, un número que se multiplicó por más de 60 en una década, para alcanzar 4.239 en 2023.
De enero a julio de este año, fueron 5.428 solicitudes, 25 diarias en promedio.
La cifra se disparó aún más en agosto: 864 hasta el miércoles pasado, un promedio de 41 por día.
Esta situación hace que periódicamente cientos de migrantes se hacinen en la terminal aérea, sin la infraestructura necesaria para su permanencia.
Hasta el miércoles pasado, según la policía, había allí 481 migrantes.
La muerte el 13 de agosto de un hombre ganés que había llegado cinco días antes y formaba parte de los migrantes retenidos en el aeropuerto encendió las alarmas.
"Se sintió mal, fue atendido por un equipo médico y trasladado a un hospital público, donde falleció de un infarto", confirmó a la AFP la Policía Federal, sin dar más detalles.
Imágenes transmitidas por una televisión local mostraron la semana pasada a decenas de personas con tapabocas haciendo fila para recibir un refrigerio. Justo al lado, yacían amontonadas otro tanto.
La Defensoría Pública brasileña constató en el lugar "reiteradas situaciones de violación de derechos humanos".
Hay niños, adolescentes no acompañados y mujeres "en condiciones de extrema vulnerabilidad".
Los migrantes están "durmiendo en el suelo" y existe "una creciente demanda de atención médica, con muchas personas con síntomas similares a los de la gripe", señaló la Defensoría en un informe.
El organismo también describió "pésimas condiciones de alimentación e higiene".
Tras una reunión de urgencia convocada la semana pasada por la fiscalía brasileña, se decidió, entre otras medidas, reforzar los equipos que tramitan las solicitudes de refugio para acortar los tiempos de respuesta.
Además, se exigió a las compañías aéreas que transportaron a los migrantes que redoblen esfuerzos en la asistencia sanitaria y alimenticia de las personas retenidas.
La Organización de Rescate de Refugiados de Afganistán, con sede en Sao Paulo, criticó por su parte que la respuesta de Brasil a lo que describió como una "tragedia humanitaria" sea restringir la entrada de inmigrantes sin visa.
"El tráfico (de personas) debe ser combatido y las personas en situación de vulnerabilidad necesitan acogida, no criminalización", destacó.
