La situación legal del congresista José Alberto Arriola se complica tras las recientes revelaciones de Yolanda Isabel Cuya, quien fungió como administradora en su despacho. Cuya, acusada anteriormente de complicidad en el caso, ha entregado evidencias que incluyen chats y comprobantes bancarios que demostrarían transferencias ilícitas a la cuenta personal de Arriola. Ella afirma que fue una víctima más, de acuerdo a un reportaje de Cuarto Poder.
"Yo estoy diciendo mi verdad ante Fiscalía con todas las evidencias, he entregado porque yo no tengo por qué mentir. Yo he sido una víctima acá. Yo he acatado las órdenes de mi jefe en ese entonces porque si yo desobedecía tenía el temor que a mí se me retire del trabajo. Yo no podía darme el lujo de poder quedarme sin trabajo en ese momento", dijo.
Esta información viene a añadir peso a la acusación constitucional presentada por la Fiscalía, que imputa a Arriola el delito de concusión, un cargo grave que implica la extorsión por parte de un oficial público. Según las investigaciones, más de 100 mil soles fueron recortados del salario de diversos trabajadores bajo la amenaza de despido, afectando incluso a ella que en condiciones vulnerables como la maternidad tuvo que dar un porcentaje.
"Yo en mi licencia (de maternidad) también he hecho llegar mi porcentaje como me correspondía señorita... a través de otra persona hice llegar", continúa.
La denuncia original documentó que estos recortes salariales eran presentados bajo la fachada de contribuciones voluntarias a proyectos sociales, una afirmación que Arriola sostuvo en declaraciones previas, negando cualquier acto ilícito. Sin embargo, la evidencia presentada sugiere que los fondos eran desviados para uso personal del congresista.
"Yo me ratifico en todo lo que he dicho a la Fiscalía y voy a seguir colaborando en la Fiscalía para que puedan llegar a la verdad. Yo no estoy mintiendo, tengo la verdad de mi lado y voy a seguir en mi lucha por demostrar que no he sido cómplice de nadie", concluyó.
El abogado penalista Andy Carrión sostuvo que esta acusación pone en perspectiva la severidad de los actos supuestamente cometidos por el congresista y subraya las posibles repercusiones penales que podrían derivarse.
"El delito que se le imputa y que ha sido motivo de acusación constitucional es el delito de concusión. La pena es especialmente grave porque puede ir desde los 2 hasta los 8 años de prisión. Es muy complicado negar la trazabilidad del dinero porque estamos hablando de una cuenta bancaria con nombre y apellido.
En esa misma línea, explica que a pesar de haber suscrito este tipo de documento, no se elimina la ilegalidad, sino que más bien confirma lo organizado y sistemático que era este esquema en beneficio del congresista José Arriola.
