Ante la propuesta —a través de un proyecto de ley— del legislador de Perú Libre y segundo vicepresidente del Congreso de la República, Waldemar Cerrón, para que sea el Congreso de la República el encargado de fiscalizar a los jueces y fiscales, el presidente del Poder Judicial, Javier Arévalo, emitió un pronunciamiento en la que acusa una clara interferencia del Parlamento en la entidad que lidera, de ser aprobada esta polémica iniciativa.
Esta fiscalización propuesta se daría a través de la creación de la Comisión de Fiscalización de la Función de Jueces y Fiscales. Para ello, la propuesta busca incorporar el numeral 25 en el literal a) del artículo 35 del Reglamento del Parlamento.
El proyecto genera dudas debido a que quien lo presenta es investigado por presuntamente formar parte de la red criminal 'Los dinámicos del centro'. Actualmente, existen más congresistas con procesos en curso a nivel del Poder Judicial.
En tanto, Javier Arévalo espera que dicha iniciativa no prospere en el Parlamento, ya que es una clara interferencia al PJ: “Totalmente innecesario que se cree una comisión en el Congreso de la República. Ello implicaría que un poder como el Congreso tenga interferencia sobre los magistrados”.
Indicó que, los congresistas investigados no pueden fiscalizar la actuación de los jueces: “Hay personas (congresistas) que están implicadas en investigaciones” y que sería contradictorio que “estas personas pudieran fiscalizar a los jueces”.
“La posición institucional es de rechazo a este proyecto que creemos no prosperará y posiblemente sea mandado al archivo”, agregó. Arévalo recordó que el Poder Judicial es fiscalizado en temas económicos por la Contraloría General de la República, además por la Junta Nacional de Justicia (JNJ) en asuntos disciplinarios.
El proyecto sostiene que el Poder Judicial no puede estar ajeno de ser fiscalizado por un ente que cuenta la representación directa de la población. Además, asegura que la “aprobación y promulgación de la presente propuesta de Ley, no le significará ningún tipo de egreso adicional al Estado”.
Este generó también un pronunciamiento de parte del Ministerio Público, el cual rechazó el proyecto y acusó a Waldemar Cerrón de buscar una "vulneración a la autonomía del Ministerio Público, al no considerar que es un organismo autónomo, sometido únicamente a la Constitución Política, a su Ley Orgánica y Ley de la Carrera Fiscal".
Para la Fiscalía, el Congreso busca desconocer las funciones disciplinarias y sancionadoras de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) y de la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público, por lo que cuestionó que el Parlamento pretenda "someter" a dicho organismo público "a la dependencia del Congreso de la República, violando el principio de la separación de poderes y atentando contra el Estado de derecho".
