El Poder Judicial ha dispuesto que el miércoles 11 de setiembre se evaluará la solicitud presentada por la defensa técnica de la presidenta Dina Boluarte para que se realice un control de plazo de la investigación preliminar que abrió el Ministerio Público por los presuntos delitos de enriquecimiento ilícito y omisión de consignar documentación en agravio del Estado peruano.
El magistrado de investigación preparatoria, Juan Carlos Checkley, tendrá que recoger los argumentos de la defensa legal de Boluarte Zegarra y del representante de la Fiscalía de la Nación para que pueda emitir una decisión al respecto.
Se conoció que un integrante del Poder Judicial decidió reprogramar la audiencia de la solicitud, ya que inicialmente estaba programada para el miércoles 28 de agosto a las 11:30 a. m., debido a la elevada carga procesal que tiene a su cargo en su despacho.
El Ministerio Público investiga a la jefa de Estado por un presunto incremento de dinero en sus cuentas bancarias y por posibles depósitos de origen desconocido realizados entre el 29 de julio de 2021 y agosto de 2022, años en los que Boluarte Zegarra ya se encontraba ejerciendo altos cargos en el Estado peruano como vicepresidenta de la República y titular del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social.
Además, Dina Boluarte también se encuentra comprendida en otra pesquisa que se le sigue por el financiamiento de las campañas electorales del partido político de Perú Libre. No obstante, la excandidata a la alcaldía de Surquillo es investigada por haber recibido en calidad de préstamo relojes de marca Rolex, los cuales estarían valorizados en más de 10,000 dólares, una pulsera bangle con diamantes y un par de aretes de argollas con diamantes que le entregó su "wayki", el titular del Gobierno Regional de Ayacucho, Wilfredo Oscorima.
A raíz de las revelaciones periodísticas, el fiscal de la Nación interino, Juan Carlos Villena, presentó una denuncia constitucional contra Dina Boluarte ante el Parlamento Nacional por ser la presunta autora del delito de cohecho pasivo impropio en agravio del Estado peruano.
No obstante, como medida de respuesta, el Poder Ejecutivo presentó ante el Tribunal Constitucional una demanda competencia contra la Fiscalía y el Poder Judicial por las indagaciones que afronta la mandataria durante el ejercicio de sus funciones.
El abogado de la presidenta Dina Boluarte, Josep Campos, se refirió a la demanda competencial que presentaron hace unos días ante el Tribunal Constitucional. La defensa técnica de la jefa de Estado señaló que, en la actualidad, cuentan con más de un escenario constitucional.
En esa línea, Campos manifestó que la investigación que se le abrió a la jefa de Estado por genocidio fue para deteriorar la "imagen presidencial dentro y fuera del país" y que esta "imagen" ha acompañado durante 18 meses a Dina Boluarte. Acotó que esta pesquisa ha servido como una especie de "narrativa institucional" para culpar a la mandataria de las muertes registradas en las movilizaciones sociales en contra de su Gobierno.
"Hay cosas como el genocidio que sirvieron incluso para deteriorar la imagen presidencial dentro y fuera del país. Esa imagen ha acompañado durante 18 meses a la presidenta de la República. Ha servido incluso como narrativa institucional para que una señora haya creído que la presidenta de la República es la responsable de las muertes que todos lamentamos el año pasado y que incluso se haya expuesto a un atentado", dijo en entrevista con Canal N.
