En el caso Christian Cueva llamó la atención que en el club Cienciano hubiera posiciones encontradas. La primera reacción vino de un dirigente que el lunes 19 declaraba a la prensa que la denuncia de Pamela López por agresión contra su esposo, Christian Cueva, “es un tema personal” y que el volante seguiría en Cienciano mientras duren las investigaciones. Solo horas después, el club separaba definitivamente a Cueva “en estricto cumplimiento de nuestros valores”. ¿En qué quedamos?
La primera declaración en frío del dirigente comulga con un sentido común bien arraigado en nuestra sociedad, que la violencia al interior del hogar es un asunto “privado”. La peregrina idea de que una mujer puede denunciar a su marido por golpes en la comisaría y que el policía está en la obligación de dar trámite a la denuncia es un hecho muy reciente.
Una casación emitida en Lima señaló que “la violencia familiar, configura la vulneración de los derechos humanos …” (Briceyda Torres). En los últimos años, la doctrina de los derechos humanos ingresa también en el hogar y muchos lo resienten. Bajo este enfoque, agredir a una mujer en el seno del hogar es delito y el Estado peruano está obligado a intervenir. Esto, que es sentido común en sociedades democráticas se abre paso en el Perú con mucho esfuerzo y no sin resistencias entre “jefes de familia” pero también entre jueces, policías, periodistas.
En un programa deportivo, un periodista se quejaba en estos días del ánimo (sic) “inquisidor” y “moralista” con el que se aborda el caso Cueva. El propio futbolista, Christian Cueva, el día de su presentación declaró de forma airada, “yo no me meto en la vida de nadie…”, y exigía respeto por su “privacidad”. Más allá del comentario interesado del dirigente cusqueño, de periodistas deportivos (negocios son negocios) y del imputado, Christian Cueva, existe un sentido común masculino instalado que normaliza lo que sucede de puertas para adentro que, insisten muchos, es un espacio “privado”. Dos observaciones al respecto. Primero, resulta grave que en estos alegatos no caigan en cuenta que en la “privacidad” que reclaman no están solos, suele haber una mujer que decide denunciar y hablar en público. Que no lo vean así ya es sintomático.
Segundo y en consecuencia, lo que se resiente es que se quiebre el silencio que imperaba en los asuntos “privados”. En buena cuenta, se defiende una relación de poder masculino por siglos incontestada en el seno del hogar. Una situación a la que sectores del Estado y muchos ciudadanos y ciudadanas buscan poner fin. En definitiva, en los comentarios de estos personajes públicos se respira un sentimiento de “agravio moral” por una normativa que nivela el piso, o lo intenta, en las relaciones de familia entre hombres y mujeres.
Inculcar “nuevos” derechos es una tarea enorme que compete al Estado, pero no solo al Estado, y que se enfrenta con mentalidades ancladas en el pasado. Asentadas en la educación en casa, en los programas de la televisión, en las bromas que se repiten en el patio del colegio, “si golpeas a tu esposa sin motivo aparente, ella sí sabe por qué” (risas).
Cambiar estas mentalidades toma mucho tiempo y demanda de esfuerzos coordinados de distintas instituciones tanto públicas como privadas, bajo el liderazgo rector que ejerce el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP).
Hoy, que se habla de fusionar los ministerios del MIMP y el MIDIS (Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social) o cambiar de denominación del MIMP a “Ministerio de la Familia”, lo que se hace en buena cuenta es barrer bajo la alfombra una evidencia socialmente incómoda: la mujer es un miembro “vulnerable” en el seno de las familias. Sí, en el hogar, ese recinto que sectores ultraconservadores quieren mantener fuera del escrutinio público, se producen cotidianas agresiones contra las mujeres. Donde el 55.7% de mujeres entre los 15 y 49 años declara haber sido víctima de agresión psicológica y/o verbal, física o sexual por parte de su esposo o compañero (ENDES, 2022).
Fusionar los ministerios no asegura la eficiencia del gasto público, sobre todo si lo que se busca son resultados que demandan de una intervención pública fina que visibilice la ingrata realidad social. No necesitamos elefantes blancos sino de ministerios con visión estratégica y una vocación de defensa de derechos de peruanos y peruanas.
En un mundo que, con avances y retrocesos, va adoptando la idea de igualdad de género harían bien los futbolistas, dirigentes, periodistas deportivos en poner las barbas en remojo. Si no quieren que la pelota “se manche” hagan el favor de no mirar a otro lado.
