A inicios de esta semana se presentaron tres proyectos de ley destinados a regular el funcionamiento de: i) la Cámara de Diputados, ii) el Senado y iii) el Congreso. Estas propuestas, que cuentan con más de 100 artículos cada una, van a generar un debate significativo en los próximos meses por el impacto directo que tienen en nuestra democracia. Comparto tres novedades que considero particularmente relevantes:
- Suspensión y vacancia presidencial: para vacar a un presidente, se requerirán dos tercios de los votos en ambas cámaras, mientras que para su suspensión bastarán tres quintos de los votos. La suspensión podría durar hasta dos años y aplicaría a presidentes sujetos a una “investigación preparatoria” por delitos relacionados con corrupción. Esta novedad, en los términos expuestos, afectará el equilibrio entre poderes y abre la puerta a una potencial politización de la Fiscalía y a una mayor inestabilidad política. Ello, sin perjuicio de que este cambio requiere una reforma constitucional (no meramente legal como se plantea). La suspensión será el nuevo movimiento para tener en permanente jaque al Ejecutivo.
- Silla vacía: se propone que los parlamentarios condenados por delitos graves pierdan su escaño sin posibilidad de ser reemplazados por el accesitario. Además, aquellos que estén procesados penalmente no podrán formar parte de la Comisión de Ética ni de aquella que revisa acusaciones constitucionales. No obstante, la reglamentación omite abordar los conflictos de interés, que son un problema significativo dentro de las comisiones.
- Silencio positivo y modificación de leyes: si el Senado no revisa una iniciativa aprobada por los diputados en un plazo de cuatro meses, el Congreso podrá remitirla al Ejecutivo directamente. Además, el Senado solo podrá modificar el dictamen de los diputados si los cambios no afectan “aspectos sustanciales” ni introducen “materias distintas” a la iniciativa original. Estos términos ambiguos podrían permitir al Senado concentrar el poder legislativo sin limitaciones adecuadas.
Otras novedades incluyen que las bancadas solo se podrán llamar como los partidos; la existencia de un Congreso bicameral (ambas cámaras) que tratará asuntos como el presupuesto y la vacancia; el aumento en el número de vicepresidencias; y la incorporación del concepto “práctica parlamentaria” para interpretar vacíos legales.
Estos tres proyectos representan una oportunidad para abordar problemas estructurales del Congreso, aunque las iniciativas presentadas no ofrecen soluciones integrales. Esperamos que se inicie un debate constructivo en el que todos podamos aportar y que, en los próximos meses, se aprueben reglamentos que realmente mejoren la institucionalidad del Congreso.
