Una carretera que nace en Iquitos (Loreto) y conecta la frontera entre Perú y Colombia enfrenta a las comunidades indígenas asentadas en la zona de influencia y el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), que lidera el proyecto.
Se trata del proyecto Bellavista-Mazán-Salvador-El Estrecho, que consta de cuatro tramos, de los cuales el Tramo I ya está construido y el Tramo II. se encuentra en elaboración del Estudio Definitivo de Ingeniería, y desde el inicio de su construcción, hace 7 años, sigue sin implementar la consulta previa.
Según las autoridades locales, la construcción del primer tramo ha registrado una serie de conflictos sociales relacionados con actividades ilícitas y daños ambientales, principalmente, con foco en la comunidad Centro Arenal, del pueblo Huitoto Murui Buee, cuyas autoridades vienen denunciando en medios de comunicación desde el 2015, invasiones a su territorio y daños al ecosistema.
El conflicto ha escalado al punto que representantes de la Organización Regional de los Pueblos Indigenas del Oriente (Orpio) llegaron a la capital peruana para exigir que el MTC inicie la consulta previa correspondiente. La vía, en su totalidad, se superpone a 19 comunidades nativas y 6 comunidades campesinas, áreas naturales protegidas y zonas afectadas por el narcotráfico.
No es la primera vez que se intenta un encuentro. El pasado 11 de julio, Orpio presentó una petición formal de consulta previa en representación de los pueblos indígenas afectados por la carretera. Sin embargo, y pese a que ya venció el plazo reglamentario, no han recibido respuesta alguna por parte del MTC.
"EI MTC debe responder a nuestro pedido y asegurar que todos los pueblos indígenas y sus comunidades que habitan el área de influencia del tramo 2 de la carretera participen en la consulta previa del proyecto. Queremos más oportunidades, pero no más invasiones, deforestación y amenazas", aseguró José Murayari, vicepresidente de Orpio.
De acuerdo al Estudio de factibilidad del proyecto, el proyecto representa una inversión de más de S/1.546,4 millones.— El 60% del trazo proyectado de este proyecto vial de más de 180 km (correspondientes al tramo IV) se superpone a áreas protegidas como el Área de Conservación Regional Maijuna Kichwa y el ACR Ampiyacu Apayacu.— Existe jurisprudencia previa: la sentencia N.º 29126-2018-Lima señal que es una obligación del MTC consultar a los pueblos indígenas medidas vinculadas a servicios públicos, como son las carreteras.
