El gobierno de Estados Unidos definió la dirección que siguió la política migratoria bajo el gobierno de Joe Biden, un tema que cobró relevancia tras cuatro años de controversias durante el mandato de Donald Trump. Desde que asumió la presidencia, Biden presentó su propuesta de reforma migratoria. En la actualidad, el mandatario estadounidense ha implementado un programa para ayudar a millones de migrantes antes de que termine su gestión.
La administración de Biden priorizó la naturalización mediante la Ley de Ciudadanía de los Estados Unidos, facilitando el camino hacia la residencia permanente y la ciudadanía para cerca de 11 millones de migrantes indocumentados en el país norteamericano.
En los últimos meses, el presidente Joe Biden ha implementado nuevas políticas migratorias, como el programa Parole in Place, que busca "mantener a las familias unidas" y beneficiará a más de medio millón de personas que residen ilegalmente en el país. Además, ha intensificado el control en la frontera sur.
Por otro lado, el gobierno federal ha acelerado el procesamiento de solicitudes de ciudadanía. De acuerdo con el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS), en el año fiscal 2023, los niveles de producción para las solicitudes de naturalización han superado los registros previos a la pandemia.
Un reciente artículo de The New York Times también asegura que “la velocidad de tramitación de las solicitudes está ahora al mismo nivel que en 2013 y 2014″ y que unos 3,3 millones de migrantes se han convertido en ciudadanos en lo que va del mandato de Biden.
En el año fiscal 2022, USCIS asignó casi 60 millones de dólares en subvenciones a 66 organizaciones que brindan preparación, apoyo e información a inmigrantes sobre los procesos de naturalización. Según datos oficiales, durante los años fiscales 2022 y 2023, casi una cuarta parte (24%) de todas las personas que se naturalizaron en la última década lo hicieron en este periodo.
Para ser elegible a la naturalización, una persona debe haber sido residente permanente legal en el país por al menos cinco años, o haber estado casado con un ciudadano estadounidense por al menos tres años. Además, debe demostrar habilidades en lectura, escritura y habla en inglés, así como conocimientos de educación cívica e historia de Estados Unidos.
En diálogo con El País, Eduardo Gamarra, profesor titular de Ciencias Políticas en el Departamento de Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Internacional de Florida (FIU), destacó que, si bien muchos inmigrantes adquieren la ciudadanía con la intención de votar, no todos se registran o participan en las elecciones.
“Más bien lo que hemos encontrado es que particularmente entre los votantes hispanos, la tasa de participación electoral es muy baja, menos del 50% como promedio. Esto puede deberse a varios factores, como la falta de información sobre el proceso de registro, desconfianza en el sistema electoral, barreras idiomáticas, una percepción de que su voto no tendrá un impacto significativo, o que el voto no es obligatorio”, explicó el especialista.
