Las argucias del régimen que controla el poder en Venezuela no tienen fin. Para mantenerse en el Gobierno, pese a haber sido derrotados en las urnas, como ha quedado meridianamente claro después de las pruebas presentadas por la oposición y avaladas por veedores internacionales, como el Centro Carter, que señalaron que la elección no cumplía con los estándares democráticos, recurren a una instancia controlada por ellos, como es el TSJ (Tribunal Supremo de Justicia).
Cuando la presión nacional e internacional les exigía la presentación de las actas oficiales al CNE (Consejo Nacional Electoral), que es el responsable de la conducción de los comicios y que debe entregar los resultados oficiales, Maduro y sus subalternos decidieron judicializar el acto electoral para, en primer lugar, quitarle al CNE la responsabilidad del fraude y tener la excusa para no mostrar ningún papel, porque ya era materia de investigación penal.
Toda una jugada advertida desde un inicio por la oposición porque no era la instancia adecuada para resolver una controversia sobre resultados, que exigía un conteo verificable, independiente y transparente. Ninguna de esas tres características se encontraron en los primeros resultados dados por el CNE.
Finalmente, Maduro ha logrado que se consolide el fraude y el Tribunal de Justicia lo ha ratificado como ganador. Contra la opinión pública, contra los Gobiernos de América y Europa, contra el sentido común y contra su propia población, se ha impuesto su voluntad de permanecer aferrado al cargo, pese a que se trata de un personaje detestable y detestado.
Todavía falta la reacción interna y la respuesta externa. Algunos países ya han adelantado su juicio y señalan que si había alguna duda sobre el fraude, con este anuncio se confirma. Es la hora de mantener la mayor presión internacional para primero proteger a los opositores y defender la causa venezolana, que ha optado por la libertad y ahora se la pretenden robar.
