Alberto Fujimori, sentenciado por ser el autor mediato de violaciones a los derechos humanos, presentó un pedido para acogerse a la ley de impunidad que permita prescribir los delitos que se le imputan en el caso Pativilca.
Su abogado, Elio Riera, reveló esta información y recordó que, desde que la norma estaba a la espera de ser ratificada en segunda votación, presentaría una solicitud para que el expresidente se acogiera a esta ley.
"Ayer, cuando finalmente brindé algunos alcances al señor presidente de la República sobre el caso Pativilca, donde presentamos, como es de conocimiento público, esta solicitud de prescripción", indicó en entrevista para Exitosa.
Con este pedido, Fujimori se suma a la larga lista de investigados y sentenciados por crímenes de violaciones a los derechos humanos que han solicitado acogerse a la ley de impunidad para anular la condena o el proceso, argumentando la prescripción del delito.
Cabe señalar que esta iniciativa fue impulsada por José Cueto, quien en ese entonces era congresista de Renovación Popular, y por el fujimorista Fernando Rospigliosi, quien actualmente ostenta el cargo de presidente de la Comisión de Constitución.
Ahora que el Ejecutivo dejó pasar el plazo y no observó la norma que prescribe los delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra, está en manos de jueces y fiscales decidir si aceptan o rechazan el pedido de Alberto Fujimori.
El Gobierno de Dina Boluarte ignoró el requerimiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, dejó pasar los días y esperó que venciera el plazo para no observar la norma.
Así, el Congreso, con la mayoría de Fuerza Popular y el apoyo de sus bancadas satélites, logró aprobar una ley que beneficia a su líder, Alberto Fujimori.
Cuestionado por la inacción del Ejecutivo, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Eduardo Arana, intentó evitar que se responsabilizara a Dina Boluarte por la aprobación de esta norma.
Recordó que fue el Congreso el que la aprobó en una primera votación y que fue ratificada en la Comisión Permanente. Asimismo, aclaró que a partir de su promulgación, serán los jueces y fiscales quienes decidan si la aplican o no.
"Ya es un hecho consumado. La ley está vigente y corresponde a los jueces y fiscales aplicarla. El Ejecutivo no aplica esta norma (...) Desde luego, corresponderá a los jueces y fiscales disponer desde su perspectiva si aplican control difuso, control de convencionalidad o eventualmente si es que ponen una acción que el Tribunal Constitucional tenga que resolver", respondió.
"La posición del gobierno es del cumplimiento de las normas que el Congreso expide. No existe otra disposición al momento que no corresponda a ser aplicada. Pero esta norma, está efectivamente destinada a ser aplicada por los jueces y fiscales", agregó.
El 29 de enero de 2024, Vladimiro Montesinos, exasesor de Alberto Fujimori, ha aceptado someterse al proceso de conclusión anticipada en los casos de Pativilca y La Cantuta. Al hacerlo, reconoce su responsabilidad penal y la reparación civil demandada. De este modo, Montesinos se declara culpable del secuestro y asesinato de seis personas en los anexos El Caraqueño y San José, ubicados en Pativilca, provincia de Barranca, así como del secuestro y ejecución de estudiantes de la Universidad Nacional Enrique Guzmán y Valle.
