El Ministerio Público inició diligencias preliminares por 60 días contra “los que resulten responsables” por las presuntas irregularidades en el otorgamiento de la pensión vitalicia al exdictador Alberto Fujimori. La información fue dada a conocer por el portal Ojo Público y confirmada por fuentes de La República.
Cuando se conoció la solicitud de Fujimori, abogados consultados coincidieron en que no le correspondía recibir la pensión ascendente a 15.600 soles debido a que fue acusado constitucionalmente por el Congreso y posteriormente declarado culpable por el Poder Judicial.
El artículo 2 de la Ley 26519 es claro al estipular que este beneficio “queda en suspenso” en los casos donde el Parlamento levantó el antejuicio a exmandatarios, “salvo que la sentencia judicial los declare inocentes”. Este no es el caso del exdictador, que –solo por mencionar una de sus sentencias– fue condenado a 25 años de prisión por las masacres de Barrios Altos y La Cantuta.
El argumento de la Oficina Legal y Constitucional del Congreso para declarar “procedente” el pago de la pensión vitalicia fue que la exigencia de una sentencia absolutoria “podría vulnerar la presunción de inocencia”. Ello pese a que la presunción de inocencia de Fujimori fue destruida en juicio, respetándose el derecho a la defensa y el debido proceso. El indulto, sostienen expertos como la magistrada Luz Pacheco Zerga, únicamente perdonó la pena privativa de la libertad mas no el delito.
El informe de la Oficina Legal y Constitucional fue suscrito por José Antonio Rubio Preciado y validado por la jefa del Departamento de Recursos Humanos, Haidy Figueroa Valdez. Cuarto Poder reveló que ambos están estrechamente vinculados a Alianza para el Progreso, partido de César Acuña.
En mayo, a solicitud de Fujimori, el Congreso contrató a Oscar Demetrio Paredes Estrada para que sea auxiliar del exdictador por un sueldo de 3.685 soles mensuales.
Este beneficio, a comparación de la pensión vitalicia, no está sujeto a controversia ya que nace de un acuerdo emitido en 2016 por la Mesa Directiva del Congreso. Dicho acuerdo también contempla el pago de un seguro de vida, el préstamo de vehículo y el otorgamiento de vales de combustible con un tope de 150 galones al mes.
Otros exmandatarios que cuentan con un auxiliar financiado por el Congreso son Ollanta Humala y Francisco Sagasti. El Parlamento también asigna un asistente al expresidente de facto Manuel Merino.
