El último 2 de agosto del 2024, la congresista Diana Gonzales del partido Avanza País, presentó el Proyecto Ley N.º 8530 que busca que la Policía Nacional del Perú (PNP) y el Ministerio Público tengan más poderes sancionadores al momento de intervenir a inmigrantes en calidad de personas vulnerables que intenten ingresar al Perú. Sin embargo, este proceso, que desde antes no garantiza el legítimo proceso a la defensa, ahora tendría una difícil tramitación debido a la imposición de la visa y la falta de consulado en el país.
Esta modificación del Decreto Ley 1582 y 1350, que está referido a la Ley de Migraciones, toma el aumento de la delincuencia en el país como justificante para extremar las medidas migratorias referido al Proceso Administrativo Sancionador Especial Extraordinario (Pasee), haciendo énfasis a la migración venezolana, sin tomar en cuenta la mirada de los derechos internacionales que protegen a las poblaciones inmigrantes con situación de vulnerabilidad.
La falla no estaría en el proyecto ley, sino en el propio Pasee, que, en base del Decreto Supremo 1582 (que ha sido publicada por el gobierno Dina Boluarte), estaría aplicándose sin tener en cuenta los alcances administrativos que tendrían los migrantes de las poblaciones vulnerables, como Venezuela y Haiti, siendo la primera la más perjudicada, debido a la imposición de la visa y el pasaporte vigente, además del retiro de su consulado por la crisis política causada por el fraude de las elecciones impuesta por Nicolás Maduro.
En el año 2024, el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) ha detectado que en el Perú viven alrededor de 1.5 millones de ciudadanos venezolanos, los cuales se han visto afectados por el cierre de la embajada de Venezuela en el Perú. Esto ha hecho que, en la actualidad, se haya expulsado a 416 personas.
Para entender más esta problemática, hemos conversado con Maholy Sánchez, criminóloga especialista en refugio y migración, e Imy Dong, asistente legal de la Clínica Jurídica Juan Germán Roscio, quienes nos explicaron que es un Pasee.
"Básicamente, se aplicaba el Pasee para dos supuestos específicos: 1) por haber ingresado al país de manera irregular, y 2) por realizar acciones que atenten contra el orden público, interno o seguridad nacional. Este procedimiento, que si bien viola muchos derechos, como la tutela jurisdiccional efectiva, tanto porque, si bien el Pasee establece una serie de procedimientos, en la práctica no brindan una adecuada defensa a las personas, o no cuentan con un abogado, o solo se encuentra el administrado en esta audiencia única", explica Imy Dong, especialista en derecho migratorio.
Uno de los pasos del procedimiento del Pasee, es restringir el libre tránsito a la persona detenida, sin la oportunidad de que pueda obtener una legítima defensa y ni siquiera a que pueda ser notificado sobre su audiencia excepcional, solo tendría que esperar a que se resuelva su caso en 24 horas.
"Este procedimiento no se notifica al usuario, sino que lo hace en el momento porque lo tienen detenido (…), se le procesa como si hubiera hecho un acto delictivo o un acto de flagrancia, cuando la realidad solo es una norma administrativa", precisa Imy Dong.
Además, existen denuncias de personas que han pasado un Pasee sin antes ser advertidos o notificados, y que se han enterado de la resolución al colocar su nombre a través del buscador, "inclusive, se han visto malas prácticas donde han obligado a los afectados a firmar una hoja en blanco para hacerlos pasar como que han sido notificados de sus casos", comenta Maholy Sánchez.
"Para nosotros, el Pasee es un mecanismo que no cumple con las garantías mínimas de un procedimiento de detención y tampoco con facilidades para una debida defensa; tampoco este proyecto ley no está bajo la mirada de la protección de derechos humanos y la mirada de la protección internacional, porque se considera hablarlo en términos de migrantes, cuando en realidad estamos hablando de personas con necesidad de protección especial", indicó Maholy Sánchez.
En el año 2022, la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), junto al Ministerio Público, publicaron el informe "El fenómeno migratorio venezolano y la percepción de inseguridad en Lima Metropolitana", donde se revela que la percepción de los ciudadanos hacia los extranjeros es diferente a la realidad.
El informe indica que en el 2020, año en que la tasa de migración estaba reduciéndose, se registraron 403.908 denuncias por todo tipo de comisión de delitos, de los cuales, solo 748 eran contra personas de nacionalidad venezolana, mientras que el resto de los denunciados iban dirigidos a personas de nacionalidad peruana.
Sin embargo, la percepción de la ciudadanía peruana sobre la ciudadanía migratoria venezolana, es distinta. El estudio ha revelado que en el 2022, el 83% de la población nacional peruana tiene una opinión negativa de esta población vulnerable por la información que recibe de los medios de comunicación nacionales y locales.
Frente a esta problemática y estigmatización que se ha difundido a través de los medios de comunicación, el Proyecto Ley de la congresista Gonzales, de la bancada de Avanza País, solo estaría reforzando el prejuicio de criminalización, y por consecuencia, la xenofobia.
"También (el proyecto ley), viola el derecho a la no criminalización de la migración irregular, porque se habla de una detención administrativa por parte de la PNP. Al principio lo dicen como una forma de retención, pero cuando hablamos de que un efectivo te lleve a una comisaria, estamos hablando de una criminalización que lamentablemente no está tipificado en el código penal peruano como para decir que es ilícito", señala Imy Dong.
"El proyecto ley presentado no está considerando el contexto de la principal población a la que se le ha aplicado ya el Pasee, que es la venezolana y haitiana, que son dos realidades que están viviendo situaciones de violencia dentro de sus países que los hace personas con necesidad de protección internacional", puntualiza Maholy Sánchez, especialista en migraciones en Veneactiva.
En el caso de los inmigrantes venezolanos, la representación consular en el país destino (Perú), y en el país origen (Venezuela), no existe, por lo que obtener documentos de identificación, como la nueva imposición de la visa o el documento de identificación del país natal del inmigrante vulnerable, es casi imposible.
Anteriormente, solo se necesitaba la Tarjeta Andina Migratoria para ingresar al Perú gracias al pacto de Mercosur, que agilizaba mejor los procesos junto con la identificación de los migrantes. En el proyecto ley de la congresista Diana Carolina, se critica que esta agilización de la documentación, indicando que ha sido el retroceso en la seguridad fronteriza.
"El Proyecto Ley menciona que por la flexibilización de esta identificación, la problemática se ha dado. Nuestra posición (la de Veneactiva) es todo lo contrario: si nosotros regularizamos y reducimos el tráfico ilícito de migrantes, estaríamos protegiendo a ambas poblaciones (…). Por ello, nuestra puesta va a ser por la prevención y el control en el ingreso sin irrumpir con los acuerdos internacionales", indica Maholy Sánchez.
La principal modificación que pretende realizar la congresista Gonzales, es aumentar los literales de justificación para expulsión de la Policía Nacional del Perú, que serían las siguientes:
"El criminalizar o el querer sancionar en estos espacios la llegada al territorio de este tipo de personas no es lo más acorde, ni tampoco va con los esfuerzos que va realizando la PNP. En estos momentos, la PNP se encuentra ganando espacios en la búsqueda de acercar a la ciudadanía a las instituciones, generar mayores espacios de confianza, tener justamente un espacio donde la mirada de la seguridad ciudadana sea humanizada. Este tipo de proyectos ley no apostaría a ello", finaliza Maholy Sánchez.
