En una cárcel del norte de Arabia Saudita, Mohamed, como muchos condenados a muerte por tráfico de drogas, vive con la angustia de su ejecución, un castigo cada vez más frecuente para los traficantes en el país.
"No sabemos quien será el próximo", dice.
En el centro penitenciario de Tabuk, cerca de la frontera jordana, unos cincuenta presos esperan la muerte en cualquier momento, dijeron a AFP por teléfono.
"No nos avisan anticipadamente para decirle adiós a nuestros familiares o para prepararnos psicológicamente", dice Mohammed, ex director de un hotel en Riad detenido en 2015 por haber recibido un cargamento de muebles repletos de drogas.
¿El próximo? "Tal vez sea yo o mi amigo", dice un egipcio de 40 años, llorando, que no quiso dar su nombre por temor a represalias.
Las ejecuciones de traficantes de drogas aumentan en el reino del Golfo desde el fin de una moratoria para este crimen hace dos años, causando indignación de grupos de defensa de derechos humanos y la preocupación de los detenidos.
Desde mayo, Arabia Saudita ejecutó a 28 personas condenadas por tráfico de estupefacientes, según cálculo de AFP con base en declaraciones oficiales, cuando en todo 2023 fueron solo dos.
Entre ellos figuran dos egipcios, Faruk y Yusef Kleib, juzgados culpables de tráfico de haschís y anfetaminas, según la agencia de prensa oficial saudita SPA. Tomaron su última comida sin saber que serían ejecutados al día siguiente en la mañana.
En total, 170 personas fueron ejecutadas el año pasado en ese país que ostenta el tercer mayor número de ejecuciones en el mundo tras China e Irán.
Para las autoridades, la pena capital es compatible con la charia, la ley islámica, y es necesaria para el "mantenimiento del orden público".
El príncipe heredero Mohammed bin Salman, que busca transformar el reino conservador en un centro de negocios y turismo, había sugerido que la situación estaba cambiando.
En entrevista a la revista The Atlantic en marzo de 2022, publicada por medios estatales, afirmó que su país se había "librado" de la pena de muerte, salvo en los casos de asesinato o "amenaza para la vida de un gran número de personas".
Pero en noviembre del mismo año se reanudaron las ejecuciones por casos de droga, poniendo fin a la moratoria anunciada por la Comisión de derechos humanos saudita tres años antes.
Detenido en Tabuk, Mohammed creyó entonces que "la vida le había dado una nueva oportunidad". Pero esas esperanzas fueron aniquiladas con la ejecución en 2022 de 19 condenados por tráfico de droga.
Arabia Saudita es un mercado importante para el captagon, droga de la familia de las anfetaminas producida en Siria y Líbano.
Las autoridades lanzaron el año pasado una campaña de lucha contra la droga muy mediatizada, con una serie de allanamientos y detenciones.
"Pensamos que la campaña aumentó el número de detenidos en las cárceles, y las recientes ejecuciones parecen ser una tentativa de cerrar algunos casos en suspenso", afirma Duaa Dhainy, investigadora para la Organización europeo saudita para los Derechos Humanos (ESOHR), con sede en Berlín.
Para las organizaciones de defensa de derechos humanos como ESOHR, Amnesty o Reprieve, estas ejecuciones son inaceptables, pues, además de otras consideraciones, el sistema judicial --afirman-- presenta muchas fallas.
