A dos años de las Elecciones Generales del 2026, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) propuso modificar la Ley de Organizaciones Políticas (LOP) para prohibir a los partidos políticos contar con fundadores y directivos con sentencias por delitos graves. La iniciativa habría pasado desapercibida, si es que en Perú no existiera un abanico de agrupaciones políticas que integran en sus filas a personajes investigados.
La propuesta, presentada por la representante del JNE, Martha Maisch Molina, se centra en evitar que los cargos antes mencionados cuenten con condenas por delitos graves como terrorismo, apologías al terrorismo, tráfico ilícito de drogas, violación de la libertad sexual, colusión, peculado, corrupción de funcionarios, tráfico de influencias o enriquecimiento ilícito.
Al hacer una revisión de los partidos que podrían resultar impedidos de aprobarse esta norma, el primero saltar a la vista es Perú Libre, fundado por Vladimir Cerrón.
El partido fue creado como "Movimiento Político Regional Perú Libre" en Huancayo y, con este, Cerrón logró ser gobernador regional de Junín.
Tiempo después, en el 2023, el exgobernador de Junín y secretario general de Perú Libre fue condenado a tres años y seis meses de prisión por el Poder Judicial por el delito de colusión, supuestamente cometido en la concesión del Aeródromo Wanka. También se le exigió una reparación civil ascendente a 800 mil soles.
Desde entonces, Cerrón se mantiene en la clandestinidad. Su paradero ha sido una incógnita para tres ministros del Interior: Walter Ortiz, Víctor Torres y Juan José Santiváñez.
Al conocer la propuesta del JNE, Perú Libre se pronunció en contra de ello alegando que “interviene en la vida interna de los partidos atentando contra la democracia”.
También indicaron que el proyecto “asigna un poder político a los jueces y fiscales, quienes decidirán quién puede ser candidato y quién no, atendiendo a los requerimientos de quienes ostentan el poder, incrementando la persecución a todo líder incómodo al sistema e incrementando el descrédito del sistema nacional de justicia, que podría conllevar una convulsión social".
Fuera de Perú Libre no existe ninguna agrupación política que haya sido creada o esté dirigida por una persona condenada, sin embargo, sí existen personajes investigados.
Tal es el caso de Keiko Fujimori, quien fundó Fuerza Popular en el 2010. En el 2018 y 2020, cumplió prisión preventiva por orden del juez Richard Concepción Carhuancho, quien aprobó el pedido efectuado en ese sentido por el fiscal de lavado de activos José Domingo Pérez.
El magistrado aceptó la tesis fiscal que le imputa a Keiko Fujimori ser la líder de una presunta organización criminal instalada al interior de su partido.
Por este mismo caso, actualmente, enfrente un juicio oral en su contra.
En el mismo sentido, José Luna Gálvez es otro de los fundadores de un partido político que cuenta con una investigación en su contra. El fundador de Podemos Perú, su hijo José Luna Morales, el secretario de la organización política Luis Navarrete, Óscar Nieves y Laura Silva; son investigados por la presunta comisión del delito de organización criminal.
La etapa de investigación preparatoria por este caso será prorrogada hasta inicios del 2025.
¿De qué se les acusa? De supuestas irregularidad en la inscripción de Podemos ante el Jurado Nacional de Elecciones. Se investiga si se cometieron acciones ilícitas, como la falsificación de firmas y el uso de datos de ciudadanos sin su consentimiento, cuestionándose así la legitimidad de los procedimientos utilizados por antes mencionados.
Referente al proyecto de ley presentado pro el JNE, el especialista en procesos electorales José Villalobos mencionó que debería ser extensivo a los afiliados. "Hubiera sido interesante que la aprueben muchos antes atrás. Cerrón no habría podido hacer su partido. Esto aplica solo para condena vigente, ojo. Las personas que ya cumplieron su condena, se entiende que están rehabilitados y pueden ejercer. Considero que debería extenderse a quienes están inhabilitados, como a Martín Vizcarra, y hacerse extensiva a los afiliados. De esa forma, Antauro Humala no podría integrar un partido", indicó a este medio.
En tanto, el especialista José Ñaupari precisó que la norma podría potenciarse para mejorar su efectividad. "Se debería ampliar el catálogo de delitos. Además, se debería definir a qué se considera directivos. Además, se tendría que precisar cómo se va a materializar que la organización política tenía conocimiento de los delitos. ¿Quién en el partido si yo mismo soy fundador? ¿Quién me va a sacar? Me parece una norma bien intencionada, pero se debería aclarar a nivel operativo", mencionó.
