La denuncia ante la Corte Penal Internacional (CPI) contra las autoridades peruanas por la muerte de 49 personas en las protestas sociales entre diciembre de 2022 y febrero de 2023 responde, entre otros motivos, a la demora injustificada de las investigaciones en el Perú y al consecuente riesgo de impunidad. Así lo explicaron quienes suscribieron el documento presentado ante dicha institución con sede en La Haya.
En cuatro meses se cumplirán dos años desde el estallido social y los avances para encontrar justicia para las víctimas han sido mínimos. Así lo estimó, por ejemplo, el internacionalista y docente de la Pontificia Universidad Católica del Perú, Óscar Vidarte, uno de los firmantes.
La CPI establece requisitos para presentar un caso. Uno de ellos, importante, que aquel no sea motivo de investigación en los fueros nacionales. Pero hay excepciones. Una de ellas, si existe una demora injustificada. De acuerdo con Vidarte se ha apreciado “muy poca disposición” para avanzar en el proceso en el Perú y de ahí que considere pertinente recurrir a una instancia diferente.
Vidarte mencionó que el Estatuto de Roma, en su artículo siete, entiende al asesinato como crimen de lesa humanidad cuando se cometa “como parte de un ataque generalizado o sistemático” contra una población civil. Para el internacionalista, lo ocurrido entre 2022 y 2023 puede calificar como tal.
De hecho, esta nueva denuncia se suma a la que presentaron a finales de junio la Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH) y la Asociación Pro-Derechos Humanos (APRODEH) bajo el argumento de que “existen bases razonables” para asumir que el Ejército y la Policía, con el conocimiento de altas autoridades del Ejecutivo, ejecutaron “un ataque sistemático” en contra de la población civil, lo que constituye un delito de lesa humanidad.
La excongresista y expremier, Mirtha Vásquez, quien también suscribe la denuncia, explicó que fue entregada la semana pasada y que incluye a la presidenta Dina Boluarte y al expremier y exministro de Defensa, Alberto Otárola. “Un Estado no puede preciarse de ser democrático con estas violaciones de derechos humanos que no se pueden quedan en la impunidad”, declaró.
Por su parte, Carlos Rivera, abogado del Instituto de Defensa Legal, explicó que se “ha consignado una imputación directa a la presidenta Boluarte” ya que en la CPI se investigan y juzgan responsabilidades individuales de las personas, sean funcionarios o no. “Obviamente se está asumiendo que los crímenes que se han cometido son internacionales: lesa humanidad”, declaró.
Otro adherente de la denuncia es el exprocurador, Antonio Maldonado. Él llamó la atención sobre el hecho de que se trata de una iniciativa de ciudadanos con experiencia en los temas de justicia, relaciones internacionales y derechos humanos. “Recoge la preocupación por hechos muy graves que deberían ser cabalmente investigados dentro de un marco razonable de tiempo. En el Estado peruano se han producido hechos muy graves que ofrecen sospechas y riesgos de grave impunidad”, comentó. Entre ellos, agregó, la reciente ley promulgada por el Congreso, sin que haya sido observada por el Ejecutivo, y que declara la inaplicabilidad de la figura de la lesa humanidad en delitos cometidos con anterioridad al año 2002.
El exrepresentante peruano ante la Organización de Estados Americanos, Harold Forsyth, comentó que el documento ha buscado respetar los altos estándares que exige la CPI. Dijo esperar que la Fiscalía de la CPI, luego de la evaluación correspondiente, decida iniciar una investigación formal, aunque advirtió que para ello se deberá esperar algunos meses.
Otras firmas
Aparte de Vidarte, Forsyth, Vásquez, Rivera y Maldonado, la denuncia ante la CPI fue presentada por Marisol Pérez Tello, Diego García Sayán, Walter Albán, Pepi Patrón Costa, José Burneo Labrín, Indira Huilca, Oswaldo de Rivero, Sonaly Tuesta, Nicolás Yerovi, Hugo Cabieses y Mesías Guevara. “Fundamentan nuestra denuncia categóricos informes de países y de organismos internacionales incluyendo Estados Unidos, Canadá, la Unión Europea, Australia, Nueva Zelanda, la ONU, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Human Rights Watch y Amnistía Internacional”, se lee en la declaración difundida en redes sociales.
