El Poder Judicial incorporó a la Procuraduría Pública Especializada en Lavado de Activos y Proceso de Pérdida de Dominio como actor civil en el juicio contra el expresidente Pedro Pablo Kuczynski, en el marco de las investigaciones en su contra por el caso Odebrecht.
En ese sentido, la Procuraduría solicita que PPK pague un monto de S/6 millones 729 mil 465.14 como reparación civil en agravio al Estado debido a los presuntos aportes irregulares durante su campaña presidencial del año 2016.
El monto total fue establecido por la Procuraduría de la siguiente forma: S/6 millones 581 mil 364 por el delito de lavado de activos, S/82 mil 267.3 por el delito de organización criminal, S/32 mil 906.92 por falsa declaración en proceso administrativo y S/32 mil 906 por fraude procesal. Estos cargos han sido atribuidos por la Fiscalía a los investigados en este caso.
El 4to Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, a cargo del juez Víctor Zúñiga Urday, fue quien dictó esta medida contra el exmandatario, quien hace pocas horas anunció su afiliación al partido Fuerza Moderna.
Cabe resaltar que, el Ministerio Público inició esta investigación después de que, en diciembre de 2018, cinco ciudadanos que figuran como aportantes del desaparecido partido político Peruanos por el Kambio en la campaña presidencial de 2016, negaron haber realizado cualquier tipo de colaboración económica.
Previo a ello el caso se originó a partir de las declaraciones de Jorge Simoes Barata, exsuperintendente de Odebrecht en Perú, quien afirmó ante la fiscalía que la empresa brasileña había contribuido económicamente a la campaña de Pedro Pablo Kuczynski en 2011, cuando este se postuló por la coalición Alianza para el Gran Cambio.
El pasado 27 de julio, el Poder Judicial decidió extender por 24 meses el período de investigación preparatoria contra el expresidente Pedro Pablo Kuczynski y otros involucrados, debido a presuntos aportes financieros ilícitos de la constructora brasileña Odebrecht a su campaña presidencial de 2011.
Durante una audiencia celebrada el 11 de julio, el juez Víctor Zúñiga Urday aceptó parcialmente la solicitud del Cuarto Despacho de la Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Lavado de Activos. Esta ampliación tiene como objetivo permitir la realización de diligencias pendientes necesarias para establecer las responsabilidades en el caso.
Tras la decisión, la defensa de Kuczynski, así como los representantes de la Fiscalía y la Procuraduría Pública, presentaron recursos de apelación contra la resolución. El 18 de julio, el juez Zúñiga concedió estos recursos y los remitió a una sala de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada para su evaluación. Esta instancia deberá convocar una audiencia virtual, en la que participarán todas las partes, para resolver las apelaciones interpuestas.
