Combatir la inseguridad y el crimen organizado necesita medidas drásticas, firmeza, orden y ser aplicado con criterios de justicia y el respeto a las garantías.
Las normas se pueden corregir, pero eliminarlas es abrir un camino a la criminalidad organizada que ya ha tomado la política y tiene operadores en los poderes del Estado.
Estas normas tienen que ver con allanamientos informados que, en la práctica, suponen que no se va a capturar a ninguna sola banda de trata ni narcotraficantes, porque los abogados no llegarán a los registros, lo que frustra la intervención y, de esa manera, los fiscales nunca encontrarán la prueba que los inculpe.
Si haces inviable la colaboración eficaz, solamente vas a capturar a mochileros porque los narcotraficantes se van a reír.
Si, además, eliminas la capacidad de quitarles el dinero cuando no pueden probar el origen, lo que vas a hacer es que Perú se convierta en el lugar donde todos limpien fortunas que han sido fruto de delitos.
Claro que hay que mejorar las normas y asegurar que los operadores de justicia las apliquen con criterios jurídicos y no políticos, pero, mientras todo esto sucede, la presidenta no observa las leyes a pesar de opiniones técnicas de funcionarios que después despiden, pero tampoco las publica, esperando disminuir su responsabilidad, y así presenciamos niveles de inseguridad inaceptables.
A esto se suma el incremento de la pobreza. Niñas y jóvenes que no van a tener ninguna posibilidad en el futuro inmediato. Personas que se van porque han perdido la esperanza. Gente que no quiere saber qué está pasando porque está harta. Exacerbaciones de la ira y de la indignación.
Mientras todo esto pasa, la mandataria ve novelas y pierde el tiempo en banalidades, y nos preguntamos ¿dónde está la presidenta?
Probablemente, con el gato Ron Ron.
