El Ministerio de Educación (Minedu) ha emitido un oficio con carácter de urgencia dirigida a la Dirección Regional de Educación del Callao, donde se aborda la situación legal de una docente identificada como Lina Isabel Ponte Bermudes.
La maestra, quien trabaja en la Institución Educativa Privada Concordia Universal, en el Callao, está implicada en un proceso penal en el marco de la Ley N° 29988, que regula las medidas preventivas y sanciones para el personal educativo acusado de delitos graves, especialmente aquellos que comprometen la integridad de menores de edad.
El documento estipula que el personal educativo bajo investigación por delitos graves puede ser separado de su cargo de manera preventiva hasta que se resuelva su situación jurídica. La ley busca proteger a los estudiantes y mantener la integridad del proceso educativo. Según el oficio, la Dirección Regional de Educación del Callao debe implementar de inmediato las medidas necesarias para cumplir con esta normativa.
Además, el oficio del Minedu cita el artículo 7 del Decreto Supremo N° 004-2020-MINEDU, que regula las medidas de separación preventiva del personal docente en casos de procesos penales. Esta disposición se aplica cuando existen indicios suficientes de que el docente ha incurrido en conductas delictivas graves, permitiendo así que se tomen acciones rápidas para evitar cualquier riesgo potencial para los estudiantes.
La situación de la docente Lina Isabel Ponte Bermudes, vinculada al Movadef, ha generado preocupación entre las autoridades educativas, quienes deben asegurar que la ley se cumpla estrictamente. Este caso resalta la importancia de las medidas preventivas en el ámbito educativo, donde la seguridad de los estudiantes debe ser la prioridad máxima.
Finalmente, el oficio emitido deseo mostrar la responsabilidad de las instituciones educativas y las autoridades regionales para actuar con prontitud y eficacia cuando se enfrentan a situaciones que ponen en riesgo la integridad del proceso educativo. Las acciones tomadas en este caso serán fundamentales para garantizar que se mantenga un entorno seguro y confiable para los estudiantes.
Según el ministerio, entre el 1 de abril y el 16 de agosto de 2024, se ha apartado de sus funciones a 371 docentes y 57 empleados administrativos. El delito más común entre ellos es el de agresión sexual, involucrando a 298 docentes y 44 administrativos, seguido por casos de terrorismo y apología del terrorismo, que afectan a 26 docentes y 3 administrativos.
