Esta semana se cumplen cuatro años de la partida de Julio Gamero Requena (1957-2020), uno de los economistas más reconocidos de su generación. Especialista en materia del empleo y política social, JGR transitó por diversos ámbitos e instituciones que le permitieron abordar con solvencia su campo de estudio: como investigador de Cedal y Desco, docente universitario en la PUCP, gerente de Copeme, viceministro del MTPE y funcionario internacional de la OIT, último cargo que ejerció. Su ausencia es notoria hoy en tiempos en los que la superación de la desigualdad e injusticia social exigen análisis rigurosos, precisos y comprometidos como el suyo.
A lo largo de su carrera profesional, Gamero investigó y publicó sobre crecimiento y desarrollo económico, empleo juvenil, informalidad, relaciones laborales y trabajo decente. La muerte lo sorprendió estudiando el impacto sociolaboral de la pandemia. En cada uno de esos temas aportó entradas novedosas y fundamentadas desde un enfoque que podríamos calificar de humanista, keynesiano y socialdemócrata.
Gamero, por ejemplo, fue uno de los primeros en caracterizar los cambios operados en la política y estructura económica interna en las últimas décadas. En un texto publicado por Clacso (2005), postula que las reformas neoliberales aplicadas en el país significaron el tránsito de un modelo de sociedad basada en el “universalismo corporativo” a otro marcado por la “selectividad del residuo” (1) . En este ensayo analiza cómo estas reformas afectaron no solo el mercado de trabajo y la capacidad de la población para insertarse en condiciones de trabajo decente o digno, sino también en el propio ejercicio de la ciudadanía.
Amparado en el marco teórico del sociólogo danés Gosta Esping-Andersen, Gamero encuentra vínculo directo entre la flexibilización laboral adoptada en los años noventa y el rediseño de las políticas sociales; ecuación que transformó la relación Estado y sociedad asentada en la segunda mitad del siglo XX en Occidente y otras regiones del mundo. Gamero tiene en mente las “sociedades de bienestar” que surgieron del periodo posguerra, en las que los Estados asumieron un rol redistribuidor de la riqueza legitimados en acuerdos corporativos entre Estado, capital y trabajo. Los denominados “pactos sociales corporativos” buscaban garantizar la continuidad del modo de producción capitalista reconociendo un conjunto de derechos económicos y sociales que aminorasen los “riesgos sociales” derivados de una industrialización acelerada, incluidos los intentos revolucionarios. Es la época en que se instituyen los derechos laborales (jornada, estabilidad, salario mínimo) y sociales (libertad sindical, seguridad social y previsional) como base de una ciudadanía ampliada.
Este modelo fue evolucionando y el alcance de los derechos adquirió la condición de universalidad. El Estado social amplió su rol de tutela de la libertad de asociación y negociación colectiva, dirigida inicialmente a los sectores asalariados, para asumir obligaciones constitucionales en materia de salud, educación y seguridad social, incluyendo al conjunto de la población (incluyendo a los no asalariados).
En el Perú este modelo que JGR llamó “universalismo corporativo” se implementó tímidamente entre la década de los sesenta y ochenta, mientras estuvieron vigentes las políticas impulsadas principalmente durante el gobierno militar de Velasco Alvarado (1968-1975). Con la crisis económica e hiperinflación heredada del periodo aprista (1985-1990), y el posterior ajuste estructural aplicado por Fujimori a inicios de los noventa, el péndulo se inclinó hacia el extremo opuesto. El Estado peruano perdió capacidad para regular la actividad empresarial y las relaciones laborales, quebrándose el pacto corporativo que sostenía la democracia social de convivencia pacífica entre los actores económicos y sociales. El nuevo pacto social quedó consagrado en la Constitución de 1993. Desde entonces, el objetivo del Estado (y de las políticas públicas) ha estado centrado en la promoción de la inversión privada y en instalar un patrón de acumulación basado en las explotación y exportación de recursos naturales, la privatización de bienes públicos y la precarización del trabajo.
Lo que vino después fue la hegemonía de la estrategia “residual”. Es el periodo de la “focalización” de las “políticas sociales” en los sectores excluidos de los mercados de trabajo. En adelante, el acceso a derechos básicos (como la salud y la seguridad social) pasaría a ser cubierto por los mismos trabajadores, a través de la “libre acción del mercado”, dejando para el Estado la función de atender a la población pobre o vulnerable.
Durante los años de crecimiento, este esquema funcionó relativamente: la economía se expandió (6% anual en el periodo 2002-2014) y los ingresos generados por las exportaciones permitieron financiar los programas sociales propobre, logrando una reducción de 30% de la población bajo esa condición. Pero el modelo, contrariamente a lo que se creía, no era sostenible. Los avances en materia de formalidad laboral fueron modestos (a pesar de la flexibilidad normativa extrema) y nunca se avanzó hacia una diversificación productiva efectiva. Cuando los precios internacionales de los commodities mineros cayeron (con las crisis económicas globales del 2008-2009 y 2012- 2013), el crecimiento se ralentizó. La pandemia fue como en el meme de Batman y Robin, la cachetada que desnudó las múltiples contradicciones del “milagro económico peruano” (¡Es la economía, estúpido!).
Así, con la crisis sanitaria del 2020-2021, la pobreza aumentó en 20 puntos porcentuales, con lo que quedan en evidencia las limitaciones de “la selectividad del residuo” para garantizar la sostenibilidad del crecimiento y los avances en materia económica y social. En solo un año retrocedimos (y perdimos) lo logrado en una década (se regresó a los niveles del 2010).
¿Cómo explicaría Julio Gamero esta regresión? Diría, en resumen, que el crecimiento económico no fue suficiente ni sostenible debido a la ausencia de políticas promotoras de actividades económicas con mayor potencial para generar dinámicas productivas y redistributivas (industria, agricultura, servicios). Y que, en ese contexto, el repliegue del Estado en la función de garantizar servicios públicos esenciales (y una política económica orientada al desarrollo productivo) constituyó el talón de Aquiles que costó, en nuestro caso, la vida de doscientos cincuenta mil peruanos. Incluida, lamentablemente, la suya propia.
Comparto estas breves líneas en recuerdo del colega, amigo y compañero de ruta, que son al mismo tiempo una invitación para regresar a su valiosa obra académica y profesional (2).
1 “La reforma laboral y la política social en el Perú: del universalismo corporativo a la selectividad del residuo”. En Trabajo y producción de la pobreza en Latinoamérica y el Caribe. Clacso. Buenos Aires: 2025.
2 El volumen compilatorio ¡Seguimos en la lucha, Julio! (OIT, Desco y PUCP. Lima: 2020), incluye una bibliografía completa de JGR.
