El proceso de formalización minera en el país lleva más de veinte años y hasta la fecha no ha logrado su efectividad. Por el contrario, demoras y aplazamientos en los mecanismos para que se formalice esta actividad han abierto las puertas al incremento de la actividad minera ilegal. Pretender un proceso de formalización sin fin sería apoyar la impunidad. Urge por el contrario tomar acciones concretas en la lucha contra la criminalidad, y el fortalecimiento de la gobernanza y la trazabilidad de cadenas de valor.
Uno de los mecanismos que ha servido para extender aún más el proceso, es el Registro Integral de Formalización Minera (REINFO), que desde su creación en el año 2016, ha tenido hasta 4 ampliaciones de plazo para el cierre, mediante modificaciones legales que han extendido su vigencia y facilitado la impunidad; dado que la inclusión en el REINFO limita la actuación fiscal hacia los mineros ilegales. Es decir, convierte en “informales” a los mineros ilegales que incumplen con sus obligaciones ambientales, laborales y tributarias.
El número de mineros formalizados al amparo de las normas aprobadas es muy reducido. Según el “Listado de Mineros Formalizados” del REINFO, a agosto de 2024, de los 84,615 mineros registrados, sólo 17,649 están vigentes y 66,966 están suspendidos. Es decir, solo 20% de los solicitantes pueden continuar con el trámite, por lo que el REINFO es poco eficiente para la formalización. Sin embargo, esta herramienta, ha permitido a las mafias, durante años, evitar ser procesadas penalmente bajo la excusa de estar en proceso de formalización.
En consecuencia, estos datos reflejan sin duda, el debilitamiento de un régimen que fue diseñado para hacerle frente a la minería ilegal y a sus impactos, que afectan directamente a la biodiversidad, la seguridad de pueblos indígenas y sus derechos elementales, a los defensores ambientales y en especial a los más pobres, que son víctimas de delitos, como la trata de personas.
Pese a todo ello, el Presidente del Congreso de la República, en conferencia de prensa manifestó que “el proceso de formalización será permanente”. Al respecto, se debe recordar que diversas instituciones (Presidencia del Consejo de Ministros, la Defensoría del Pueblo y el Ministerio del Ambiente) han manifestado su preocupación y rechazo a las constantes ampliaciones de plazos, debido a que fomentan la continuidad de actividades ilícitas que ocasionan impactos ambientales y sociales significativos.
Asimismo, es preciso evocar que, en este periodo de legislatura, se han propuesto y aprobado diversas normas que debilitan la lucha contra la minería ilegal, como es el caso de la Ley N° 31989, que deroga la primera disposición complementaria del Decreto Legislativo N° 1607, que establecía condiciones para la permanencia en REINFO. Al derogarse dichas condiciones, se otorga más facilidades a los mineros informales que no cumplen con los compromisos establecidos por el mencionado registro.
A la fecha se debaten en el Congreso de La República, controvertidos proyectos de ley, los cuales tienen como objetivo, desde modificar la gestión del oro extraído por mineros a pequeña escala (Proyecto de Ley N° 3634), hasta cambiar las regulaciones actuales que buscan combatir la extracción ilegal de minerales (Proyectos de Ley N° 2172, 2519, 3621 y 5171 y Proyecto de Ley N° 6903).
En este escenario, en el que se pretende ampliar mecanismos de impunidad, el desafío para las autoridades es impulsar cambios normativos que fomenten la lucha contra la minería ilegal, la promoción de la participación ciudadana, la asistencia continua para incorporar tecnologías limpias, mejoras en el monitoreo de la cadena de valor del mineral (trazabilidad), entre otras medidas que fortalezcan la gobernanza ambiental y la sostenibilidad.
