El proceso de selección de los miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) podría quedar nula, así lo ha revelado un reportaje de Punto Final sobre Segundo Félix Romero Revilla, rector de la Universidad Ricardo Palma y miembro de la comisión especial encargada de este proceso, quien no está registrado en la Sunarp como director de dicha institución.
Desde el último julio, Romero Revilla ha participado activamente como representante de las universidades privadas en la comisión especial de la JNJ, la cual también incluye figuras como el Defensor del Pueblo, el Fiscal de la Nación y el presidente del Poder Judicial.
No obstante, recientes investigaciones de dicho dominical revelan que Romero Revilla no figura inscrito en la Superintendencia Nacional de Registros Públicos, un detalle que podría poner en riesgo la validez legal de sus acciones y, por extensión, del proceso de selección en curso.
Este vacío en la documentación oficial no es nuevo dentro de la Universidad Ricardo Palma. Según datos de la Sunarp, desde 2006 no se han inscrito representantes de esta casa de estudios, lo que significa que ni el rector ni los vicerrectores han tenido poderes legales formales para actuar en nombre de la universidad por más de una década.
El excongresista Daniel Mora, impulsor de la actual ley universitaria, señala las implicaciones de esta falta de inscripción: "Que no puede firmar, no tiene legalidad para comprar, para transferir". Esto se complica aún más en un contexto donde el reconocimiento de las autoridades universitarias juega un papel crucial.
Luciano López señala que el hecho de que el rector Segundo Romero Revilla no esté inscrito en los registros públicos podría tener graves consecuencias legales para el proceso de selección de la Junta Nacional de Justicia (JNJ). López critica a las personas responsables de la elección de Romero Revilla para la comisión especial, indicando que no se percataron de este problema significativo o, peor aún, que podrían haberlo ignorado deliberadamente.
Además, López menciona que la falta de representación legal válida de Romero Revilla en los registros públicos pone en riesgo todo el proceso, ya que las acciones y decisiones de la comisión podrían ser impugnadas o declaradas nulas. Argumenta que elegir a un rector para formar parte de la comisión especial sin la debida acreditación legal es comparable a seleccionar a un jugador no calificado para un equipo; el resultado podría ser invalidado.
Este escenario, según López, sugiere que la comisión está mal conformada y que el proceso podría estar afectado por una nulidad desde su concepción, lo que podría desembocar en la necesidad de una nueva convocatoria para garantizar la integridad del proceso.
El Defensor del Pueblo ha propuesto a siete titulares para la elección de los catorce magistrados que integrarán la Junta Nacional de Justicia, la cual estará compuesta por 7 miembros titulares y 7 suplentes:
