Las deudas bancarias pueden ser una carga financiera considerable, no solo en términos económicos, sino también en el ámbito emocional. Conocer las implicaciones legales relacionadas con la prescripción de estas deudas es esencial para gestionar adecuadamente las obligaciones financieras. El Código Civil peruano establece un período específico para que las deudas bancarias prescriban, lo que significa que, pasado este tiempo, el acreedor pierde el derecho de exigir su cobro de manera judicial.
Comprender el proceso de prescripción puede ser de gran ayuda para quienes enfrentan problemas financieros prolongados. Es fundamental conocer no solo el plazo que fija la ley para que las deudas prescriban, sino también qué sucede una vez transcurrido ese período y qué acciones pueden interrumpir este proceso.
Según el Código Civil peruano, el período de prescripción de las deudas bancarias es de 10 años. Esto significa que, transcurrido este plazo, el acreedor ya no tiene la facultad legal de reclamar el pago de la deuda mediante acciones judiciales. Este límite de tiempo es crucial para los deudores, ya que les ofrece una eventual salida ante la imposibilidad de cumplir con sus obligaciones financieras.
Es importante destacar que este período de prescripción aplica para todas las deudas de carácter civil, incluyendo las deudas bancarias. Sin embargo, es fundamental que los deudores estén al tanto de que esta prescripción no se produce automáticamente; el deudor debe alegarla ante un tribunal para que sea reconocida oficialmente.
Una vez que han pasado 10 años sin que el acreedor haya iniciado un proceso judicial para reclamar la deuda, el deudor tiene el derecho de solicitar ante un tribunal la prescripción de la deuda. Si el tribunal acepta esta solicitud, la deuda se considera legalmente extinguida, y el deudor queda liberado de la obligación de pagarla.
No obstante, aunque la deuda ya no pueda ser exigida judicialmente, esto no significa que desaparezca por completo del historial crediticio del deudor. Las entidades como Infocorp y otras centrales de riesgo pueden mantener un registro de la morosidad, lo que puede seguir afectando la calificación crediticia del deudor. Este impacto en el historial puede durar varios años adicionales, dependiendo de las políticas internas de estas instituciones y de la legislación vigente.
El Código Civil también contempla situaciones en las que el proceso de prescripción puede ser interrumpido, lo que reinicia el plazo de 10 años. Una de las principales acciones que puede interrumpir la prescripción es cualquier gestión de cobro formal por parte del acreedor, como el envío de una carta de demanda o el inicio de un proceso judicial. Estas acciones reactivan el plazo, obligando al deudor a esperar nuevamente 10 años para que la deuda prescriba.
Otra acción que interrumpe la prescripción es el reconocimiento de la deuda por parte del deudor. Si el deudor realiza un pago parcial, firma un acuerdo de pago o reconoce de alguna manera la deuda, se considera que está validando su obligación, lo que reinicia el plazo de prescripción. Este reinicio del plazo significa que el deudor deberá cumplir con la deuda o esperar otros 10 años para solicitar nuevamente la prescripción.
