La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso (SAC) tiene un paquete de denuncias constitucionales pendientes de resolver para esta legislatura.
Diversas fuentes señalaron a La República que la nueva presidenta de esta comisión sería la congresista de Alianza para el Progreso (APP) Edith Julón en reemplazo de su colega de bancada Lady Camones.
Con APP en la presidencia de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, los grupos que integran la coalición autodenominada Bloque Democrático buscarán que los procesos de antejuicio y juicio político avancen de manera selectiva.
Como hemos informado, en el Congreso pretenden inhabilitar a algunos funcionarios o exfuncionarios por supuestas infracciones constitucionales o acusar a otros por presuntos delitos.
La congresista Julón, voceada para liderar la Subcomisión de Acusaciones, es la delegada de dos denuncias constitucionales (DC 362 y DC 464) contra el expresidente Francisco Sagasti por presunta infracción constitucional.
Se trata de una acusación constitucional por haber pasado al retiro a tres tenientes generales y a 16 generales de la Policía cuando fue presidente de transición.
El mes pasado hubo una audiencia por este caso en la SAC, por lo que Julón podrían presentar ya su informe final.
Pero Sagasti no es el único a quien buscan inhabilitar. El expresidente Martín Vizcarra tiene tres denuncias constitucionales acumulada (DC 384, DC 400 y DC 466) por la disolución del Congreso en 2019.
Allí también se menciona al expremier Salvador Del Solar.
El delegado a cargo de este juicio político es el legislador de Fuerza Popular (FP) Héctor Ventura.
Vizcarra también tiene tres denuncias constitucionales (DC 086, DC 195 y DC 365) por el caso Vacunagate. El delegado es el congresista de Honor y Democracia Jorge Montoya.
Otro personaje en la mira es la extitular de Economía María Antonieta Alva. Ella afronta la DC 103 por presunta negociación incompatible ya que una empresa de su padre habría tenido contratos con el Estado cuando ella era ministra. La delegada en este caso es la congresista del Bloque Magisterial Elizabeth Medina.
Asimismo, la SAC tiene pendiente de resolver dos denuncias constitucionales (DC 352 y DC 469) contra el presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Jorge Luis Salas Arenas.
El primer caso es porque el JNE contrató al politólogo Fernando Tuesta y el segundo por presunta negociación incompatible, que se basa en la versión del exjuez Walter Ríos.
Ambos procesos están en su etapa final. El delegado de la DC 352 es el congresista de Honor y Democracia José Cueto, y el de la DC 469 es el legislador de Fuerza Popular Arturo Alegría, quienes han sido críticos de Salas Arenas antes que asuman la responsabilidad de elaborar los informes finales de este antejuicio político.
Mientras esos casos avanzan, el Congreso apunta a blindar nuevamente a la presidenta Dina Boluarte. En la legislatura pasada, la DC 425 contra Boluarte y sus exministros por las muertes en las protestas fue declarada improcedente. Falta que lo ratifique la Comisión Permanente.
Hay otra denuncia constitucional por el mismo caso, formulada por el fiscal de la Nación, Juan Villena, pero la SAC, todavía no le da trámite.
Igual está pendiente la imputación contra Boluarte por el caso Rolexgate. La SAC la declaró procedente el mes pasado.
En el caso de los congresistas también hay procesos avanzados.
La DC 375 por el caso Los Niños contra los parlamentarios Jorge Flores, Raúl Doroteo, Elvis Vergara y Darwin Espinoza está a la espera de que el delegado Jorge Coayla, de Juntos Por el Perú, sustente el informe final.
También hay casos por presunto recorte de sueldo.
La DC 456 contra la congresista de APP Rosío Torres depende de las conclusiones del informe final que será elaborado por el delegado, el legislador del Bloque Magisterial Alex Paredes.
La DC 357 contra la parlamentaria de Podemos Perú Heydi Juárez por presunto recorte de sueldo aún no se resuelve. El delegado en este caso es el congresista de FP Arturo Alegría.
Es lo que viene en esta legislatura.
Las denuncias constitucionales involucran dos tipos de procesos: antejuicio y juicio político.
El antejuicio político se da por denuncias constitucionales sobre presuntos delitos. Cuando el Congreso las aprueba, permite al Ministerio Público formalizar la investigación preparatoria contra altos y exaltos funcionarios involucrados.
El juicio político, en cambio, es por infracción a la Constitución. La sanción en este caso es la inhabilitación de la función pública hasta por 10 años.
Los delegados son los responsables de elaborar los informes finales para acusar en procesos de antejuicio y juicio político. Ese documento es votado en la SAC.
El expresidente Martín Vizcarra fue sometido a juicio político e inhabilitado por los casos Vacunagate y Obrainsa con otras denuncias constitucionales.
