Mayoría oficialista actúa libremente en contra de la justicia y el bien público.
¿Qué esta pasando en el Perú para que en el Congreso se promulgue una ley que va a “dinamizar” la delincuencia, según señala el fiscal Jorge Chávez Cotrina, al referirse a la nueva disposición sobre crimen organizado?
La nueva ley de crimen organizado, promulgada por el Congreso ante el silencio cómplice del Ejecutivo, impide que los fiscales actúen en operativos porque hay que avisarles previamente al investigado y a su abogado, además de otras modificaciones hechas para salvaguardar los intereses particulares de las organizaciones políticas, aunque eso signifique exponer a los ciudadanos a un recrudecimiento del accionar de bandas criminales, por las facilidades que se les brindan para evadir la justicia.
La Ley 2108 deja fuera del concepto de crimen organizado a todos los delitos que no controlen la cadena de valor de un mercado o economía ilegal. Es decir, deja fuera la extorsión, el secuestro y el asalto, por ejemplo, que son cometidos a diario y afectan la seguridad de los ciudadanos, entre ellos, los comerciantes y emprendedores, que son amenazados y obligados a pagar cupos.
La Cámara de Comercio de Lima ha reclamado que se corrija de inmediato la ley que deja fuera a 59 de los 91 delitos penales considerados graves. Entre ellos, el enriquecimiento ilícito, el cohecho pasivo, el soborno internacional pasivo, la tala ilegal, entre otros.
En este punto, solo queda preguntarse qué mandato es el que cumplen los funcionarios públicos, elegidos por voto popular, que tienen la obligación de responder únicamente al interés ciudadano. No es cierto que ocupan una posición que les deja las manos libres para operar en su beneficio o el de sus aliados.
¿Qué sanción merecen quienes incumplen las funciones para las que fueron designados y, por el contrario, resultan operadores de poderes oscuros, destinados a debilitar la justicia, favorecer la delincuencia y atentar contra el bien público?
Son preguntas que se tendrán que formular tarde o temprano al tiempo de exigir sanciones para quienes actuaron con tanta impudicia y provocaron graves daños a la administración de justicia.
