El Poder Judicial alertó que los criminales involucrados en la minería ilegal, el trafico ilícito de drogas y actos de corrupción se verían favorecidos "si la extinción de dominio se subordina a los resultados de procesos penales que pueden extenderse por años".
El Poder Judicial se pronunció acerca de la demanda de inconstitucionalidad presentada contra la norma de extinción de dominio por el defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, y alertó de que podría "beneficiar a quienes han logrado evadir la justicia penal, incluyendo a testaferros y grandes corruptos".
"La demanda de inconstitucionalidad presentada podría beneficiar a quienes han logrado evadir la justicia penal, incluyendo a testaferros y grandes corruptos cuyos bienes ilícitos, en muchos casos, no están directamente vinculados a su nombre", se lee en el comunicado presentado por el presidente de la Mesa de Trabajo del Subsistema Nacional Especializado en Extinción de Dominio del Poder Judicial (PJ), Manuel Luján.
En ese marco, el PJ explicó que los criminales involucrados en "la minería ilegal, el trafico ilícito de drogas, la corrupción y las organizaciones criminales que se dedican a la extorsión también podrían verse favorecidas si la extinción de dominio se subordina a los resultados de procesos penales que pueden extenderse por años".
"Este retraso no solo permitiría que estos bienes pierdan su valor o utilidad, sino que otorgaría a las organizaciones criminales un margen considerable de tiempo para continuar delinquiendo. En cambio, sin recursos ni bienes su capacidad de delinquir es anulada", agrega el comunicado.
Asimismo, el organismo judicial explicó las razones por las cuáles la propuesta del líder de la Defensoría del Pueblo no se ajustan al sistema judicial peruano.
"Es importante aclarar que los bienes sujetos a extinción de dominio no gozan de los derechos inherentes a las personas, como la presunción de
inocencia. El proceso de extinción de dominio se fundamenta en la máxima jurídica Nemo plus iuris", que establece que nadie puede dar a otro lo que no es suyo. Este principio es esencial para evitar que la criminalidad vinculada a actividades ilícitas, bajo el pretexto de informalidad, genere derechos que no puede adquirir o tener", precisaron.
Por su parte, la Defensoría del Pueblo rechazó los pronunciamientos entorno a su demanda, pues consideraron que estos "pretender desvirtuar" su propuesta.
Según señalaron, en un comunicado, la actual normal no observa "principios constitucionales que guían la actuación estatal para garantizar la plena vigencia de los derechos fundamentales".
"Reconocemos la necesidad de contar con mecanismos legales para castigar conductas ilícitas o reñidas con el orden público, sin embargo, estos no pueden quedar librados al arbitrio del ius imperium del Estado o el poder irrestricto del legislador, ya que, como toda medida pública, debe efectuarse dentro del marco convencional, constitucional y legal", indicó la Defensoría.
