Alto Comisionado de Naciones Unidas, Volker Türk, subraya que estos crímenes no deben ser objeto de amnistías y advierte que decisión es adoptada en un contexto de retroceso en el estado de derecho peruano. Grupos de sociedad civil del país instan a los jueces y fiscales a no acatar la norma.
La promulgación de la ley de impunidad para los delitos de lesa humanidad perpetrados en los años ochenta y noventa ha generado el rechazo desde la comunidad internacional y también de organizaciones de la sociedad civil peruana que han instado públicamente a los administradores de justicia a no acatar esta norma promovida por el fujimorismo.
Desde el ámbito internacional, una de las voces más enérgicas en rechazo a esta ley proviene del Alto Comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Volker Türk.
“Lamento profundamente que en Perú vaya a entrar en vigor una ley que establece la prescripción de los crímenes de guerra y los crímenes de lesa humanidad cometidos antes de julio de 2002. La ley contraviene las obligaciones del país en virtud del derecho internacional”, comentó desde Ginebra.
El alto comisionado Volker Türk alerta que esta ley surge “en un contexto más amplio de retrocesos en materia de derechos humanos y el estado de derecho en Perú”.
“Los crímenes de lesa humanidad figuran entre las violaciones más graves del derecho internacional y no deben ser objeto de amnistías ni prescripción. Las personas responsables de crímenes atroces deben rendir cuentas, de acuerdo con el derecho internacional”, enfatiza.
El experto austriaco apunta que la falta de rendición de cuentas por los crímenes cometidos pone en peligro los derechos a la verdad, justicia, reparación y las garantías de no repetición de miles de víctimas de graves violaciones en el Perú.
El Ministerio Público ha estimado en seiscientos los procesos que están en riesgo por esta ley promovida directamente por Fuerza Popular, partido que lidera Keiko Fujimori.
La aprobación y promulgación de la norma fue posible gracias a la complicidad política de Alianza Para el Progreso, de César Acuña, y otros grupos que funcionan como satélites y votaron a favor, como Avanza País y Renovación Popular.
También el Poder Ejecutivo jugó un rol preponderante a favor de la impunidad, toda vez que la mandataria Dina Boluarte evitó observar la autógrafa.
Ayer, nueve organizaciones especializadas de la sociedad civil peruana emitieron un comunicado de protesta por el desacato de las autoridades peruanas a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que había ordenado al país abstenerse de promover esta cuestionada ley.
El documento es suscrito por Aprodeh, CEAS, IDL, Demus, Comisedh, Paz y Esperanza, Fedepaz, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos y la organización internacional CEJIL.
Frente a este nuevo escenario, estas organizaciones instan a los jueces y fiscales peruanos a no aplicar esta ley.
“Hacemos un llamado al sistema de justicia (Ministerio Público y Poder Judicial) para que, en respeto a los estándares internacionales de derechos humanos y la vasta jurisprudencia de la Corte IDH, efectúen el control de convencionalidad y no apliquen esta ley”, apuntan.
Desde Huamanga, la Asociación Nacional de Familiares de Secuestrados, Detenidos y Desaparecidos del Perú (Anfasep), expresó también su más “enérgico rechazo” a la promulgación de la ley 32107, que ayer salió publicada en El Peruano.
Los miembros de la histórica organización de Ayacucho se sumaron al “llamado urgente a los jueces y fiscales para que inapliquen esta ley injusta, ejerciendo independencia y deber moral de proteger los derechos fundamentales”.
